El juez Piña aguarda respuesta de Naciones Unidas para determinar si la justicia española tiene competencia sobre el incidente del 7 de abril
El juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña, titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, se ha dirigido formalmente a la Organización de Naciones Unidas para preguntar si existe ya una investigación abierta sobre la retención de un soldado español en el sur del Líbano el pasado 7 de abril. La respuesta de la ONU será determinante para que la justicia española decida si asume o no competencia sobre los hechos.
El incidente tuvo lugar cuando un convoy logístico del contingente español de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano (FINUL) fue interceptado por fuerzas armadas israelíes. Un soldado español fue, aparentemente, retenido durante la operación.
Una denuncia de alcance limitado
El detonante judicial fue una denuncia presentada por el partido Iustitia Europa ante la Audiencia Nacional contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF), Herzi Halevi. La formación les atribuye los delitos de coacciones, detención ilegal y crímenes de guerra por la supuesta retención ilegal del militar español.
La denuncia señala también al responsable del Comando Norte de las IDF, en calidad de responsable operativo directo de las fuerzas desplegadas en el frente sur del Líbano en la fecha de los hechos.
La Fiscalía marca el procedimiento
Ante la denuncia, el juez Piña solicitó a la Fiscalía un informe sobre si la Audiencia Nacional tiene competencias para investigar el caso. El fiscal respondió instando al juez a consultar previamente a la ONU: si el organismo internacional ya ha abierto una investigación propia, la justicia española quedaría desplazada y no podría actuar.
El fundamento jurídico es claro. La Carta de las Naciones Unidas faculta al Consejo de Seguridad para investigar cualquier controversia susceptible de generar fricción internacional. Además, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) —institución independiente pero vinculada funcionalmente al Consejo de Seguridad— puede iniciar investigaciones por crímenes de guerra a partir de comunicaciones de Estados, ONG o particulares.
Fuentes jurídicas consultadas por El Español confirman que tanto la Fiscalía española como el juez Piña esperarán la contestación de Naciones Unidas antes de adoptar cualquier decisión sobre la admisión de la denuncia.
Las diligencias solicitadas por Iustitia Europa
En su escrito, la formación presidida por Luis María Pardo solicitó como diligencias la declaración testifical de la ministra de Defensa, Margarita Robles, y del propio soldado retenido. También pidió requerir a Europol e Interpol información sobre las unidades y el personal militar israelí que operaban en la zona de Taybeh el 7 de abril.
Iustitia Europa subrayó en su denuncia que la condición del soldado como integrante de una fuerza de paz internacional era «inequívoca», dado que los vehículos del convoy portaban los emblemas de la ONU y señalizaciones distintivas que, a su juicio, «excluyen cualquier posibilidad de error en su identificación».
Un proceso en sus fases más preliminares
El procedimiento se encuentra en una etapa estrictamente inicial. La consulta a la ONU es un paso previo de naturaleza procedimental, no una decisión de fondo sobre la responsabilidad de ningún imputado. La Audiencia Nacional deberá valorar, a la luz de la respuesta que reciba, si concurren los presupuestos de competencia que habiliten una investigación formal en España.