España tiene sobre la mesa, en las próximas semanas, una de esas decisiones estratégicas que no se repiten en una generación. No se trata de un debate técnico menor ni de una disputa burocrática entre ministerios: lo que está en juego es quién construirá, literalmente, la seguridad energética de este país durante la próxima década. El diseño final del llamado mercado de capacidad —los 9.000 millones de euros que la Comisión Europea aprobó el pasado 29 de mayo para remunerar la firmeza del sistema eléctrico— y el reparto efectivo de las ayudas al almacenamiento determinarán qué industria se beneficia de ese dinero y, por extensión, de qué infraestructura crítica dependeremos en el futuro.
La advertencia que subyace a este debate no es nueva, pero resulta cada vez más difícil ignorarla. Con la información disponible, España parece encaminada a repetir por tercera vez el mismo error estructural: diseñar un mercado de grandes dimensiones financiado con fondos públicos europeos y entregárselo, sin apenas condiciones, a la industria china. El patrón ya se vio con los paneles solares fotovoltaicos, cuyo boom en Europa devastó la manufactura continental y consolidó la hegemonía de los fabricantes asiáticos. Se repitió, de forma aún más costosa en términos de política industrial, con el vehículo eléctrico, donde las ayudas a la demanda estimularon la compra de coches fabricados fuera del continente sin que existiera una cadena de valor europea suficientemente consolidada para absorber ese impulso. Ahora, el riesgo es que el almacenamiento de energía —las baterías a gran escala que deben respaldar la transición renovable— siga el mismo camino.
El argumento no es proteccionista en el sentido vulgar del término. No se trata de cerrar mercados ni de subsidiar ineficiencias nacionales por puro reflejo identitario. La cuestión es más precisa y más seria: cuando el dinero público europeo financia infraestructura crítica, resulta razonable exigir que las condiciones de adjudicación favorezcan a quienes producen con estándares laborales, medioambientales y de seguridad equivalentes a los europeos, y que garanticen cadenas de suministro no dependientes de un único proveedor geopolítico. Eso no es nacionalismo industrial; es gestión elemental del riesgo soberano.
El mercado de capacidad, tal como está siendo diseñado, remunera la disponibilidad de potencia firme en momentos de tensión del sistema. Las baterías de gran escala son candidatas naturales a participar en ese mercado, y los fabricantes chinos —con costes de producción muy inferiores a los europeos, parcialmente sostenidos por subsidios estatales— están en posición de ganar esas licitaciones de manera casi automática si los pliegos no incorporan criterios de reciprocidad, huella industrial o estándares de seguridad de la cadena de suministro. El resultado previsible sería un sistema eléctrico español cuya firmeza descansa sobre tecnología fabricada en terceros países con los que la relación comercial puede alterarse por razones ajenas a cualquier consideración técnica o económica.
Lo que España —y Europa— necesita en este momento no es retórica sobre soberanía energética, sino decisiones concretas que traduzcan esa retórica en arquitectura regulatoria. Eso implica criterios de adjudicación que valoren el ciclo de vida completo del producto, la localización de la manufactura, la trazabilidad de los materiales y la reciprocidad en el acceso a mercados. Implica también coherencia entre la política de ayudas al almacenamiento y los objetivos del Reglamento de Baterías europeo, que precisamente busca crear condiciones para una industria continental viable. Y, sobre todo, implica reconocer que las ventanas de oportunidad en política industrial se abren y se cierran: una vez que la infraestructura está instalada y los contratos firmados, revertir la dependencia tecnológica resulta extraordinariamente costoso.
El error del coche eléctrico no fue apostar por la electrificación del transporte; esa apuesta sigue siendo correcta. El error fue no haber condicionado suficientemente las ayudas públicas al desarrollo de una cadena de valor propia, de modo que el estímulo fiscal europeo terminó, en una proporción significativa, financiando la expansión de fabricantes extranjeros. Con las baterías, el margen para corregir ese rumbo existe todavía, pero se estrecha con cada semana que pasa. La decisión que España tome en las próximas semanas no es técnica ni burocrática: es política en el sentido más riguroso del término, y merece ser tratada como tal.