En septiembre de 2025, el Gobierno español presentó el Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática, un marco de acción que establecía como primera prioridad la creación de un órgano independiente de asesoramiento científico. Esa propuesta, que recibió cerca de 4.000 aportaciones de aproximadamente 1.300 agentes durante un proceso participativo previo, tardó varios meses en materializarse institucionalmente. Este martes, el Consejo de Ministros aprobó finalmente la constitución del Panel Científico de Acción frente al Cambio Climático, un nuevo organismo promovido conjuntamente por los ministerios de Ciencia, Innovación y Universidades y para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
La iniciativa llega en un momento de particular urgencia. Mientras el Gobierno formalizaba la creación del panel, España atravesaba una oleada de incendios forestales sin precedentes en su historia reciente. El fuego declarado en la provincia de Ávila ha arrasado más de 77.000 hectáreas, convirtiéndose en el mayor incendio registrado en el país. Según los últimos datos del Ejecutivo, más de 63.000 personas han tenido que ser evacuadas y otras 35.000 permanecen confinadas en sus domicilios. La superficie forestal afectada por los incendios desde comienzos de año asciende ya a 172.396 hectáreas, prácticamente la mitad del total que ardió en España durante todo 2025, con un coste estimado en labores de extinción que podría alcanzar los 3.275 millones de euros.
El nuevo panel se estructurará en dos niveles de gobernanza diferenciados. Un comité de carácter organizativo y técnico asumirá la dirección de los trabajos, coordinará el proceso de selección de expertos y canalizará las solicitudes de informes procedentes de los distintos departamentos ministeriales. Por encima de él, un consejo científico será el responsable de elaborar los estudios y los asesoramientos especializados, integrando perspectivas de disciplinas tan diversas como las ciencias del clima, la ecología, la geografía, los recursos hídricos, la agricultura sostenible, la salud, el medio marino, la ingeniería para la transición ecológica, el derecho ambiental, la sociología ambiental y las ciencias del comportamiento.
Ese consejo científico estará compuesto por diez investigadores de reconocido prestigio. Sus funciones incluirán la emisión de informes de evidencia científica, la elaboración de protocolos de actuación ante situaciones ordinarias y ante crisis o emergencias, y el desarrollo de ejercicios de prospectiva destinados a anticipar escenarios futuros derivados del cambio climático. El proceso de selección del personal que integrará la estructura funcional del panel se abrirá durante el verano, con el objetivo de que el organismo quede plenamente constituido en otoño.
El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades subrayó en su comunicado que el grupo de trabajo proporcionará análisis «independientes, rigurosos y multidisciplinares» en respuesta a las necesidades planteadas por los distintos departamentos del Gobierno, reforzando así la integración del conocimiento experto en la toma de decisiones públicas. La apuesta por la independencia del órgano resulta relevante en un contexto en el que la politización de la gestión de emergencias climáticas ha generado controversia recurrente, y en el que la credibilidad institucional depende en buena medida de la separación efectiva entre el asesoramiento técnico y los intereses partidistas. Si esa independencia se sostiene en la práctica, más allá de la retórica del decreto, es algo que solo el tiempo y el trabajo del propio panel permitirán evaluar.