‘Todos los hombres de Sánchez’ (Deusto, 2026), de Ketty Garat, está llamado a ocupar un lugar destacado junto a las obras que cartografiaron la corrupción en España mucho antes de que los hechos llegaran a los tribunales. La comparación con ciertos precedentes resulta inevitable: Amedo. El Estado contra ETA, de Melchor Miralles y Ricardo Arqués (1989), o El dinero del poder: la trama económica en la España socialista, de Ramón Tijeras y José Díaz Herrera (1991), del que Tijeras llegó a decir que «en cada página hay una exclusiva que podría ser portada». Con el trabajo de Garat se produce la misma sensación. Algunas de las historias sobre José Luis Ábalos ya habían circulado en The Objective, pero buena parte de lo que el libro relata sobre Santos Cerdán, Víctor de Aldama, José Luis Rodríguez Zapatero o Begoña Gómez aporta un valor informativo genuino y propio.
El hallazgo real del libro, sin embargo, no reside en esos protagonistas de primera línea. Reside en la ingeniería humana que los sostiene.
La capa invisible: ejecutores, intermediarios y fusibles
Ninguna red de poder funciona por generación espontánea: necesita ejecutores dispuestos a convertir decisiones políticas en hechos administrativos, y cuadros intermedios que no figuran en ningún titular pero sin los que la maquinaria se detiene. Garat identifica ese estrato con precisión: jefes de gabinete, responsables de comunicación, presidentes de empresas públicas como Ineco, Logirail o Enusa, en su mayoría militantes o simpatizantes del PSOE. Nombres como los de Juan Ignacio Díaz Bidart, José Guillermo Berlanga, Alfredo Rodríguez, Ricardo Mar Ruipérez, Jorge San José, Celestino Rodríguez o Sergio Vázquez Torrón conforman ese mapa.
Un partido que coloca a los suyos en los puntos de control de la Administración no está premiando lealtades: está construyendo una capa de fusibles de protección. La resistencia de funcionarios como Óscar Gómez Barbero o Carmen Librero —que opusieron reparos antes de ceder— confirma, por contraste, que ese estrato no actúa por convicción ideológica sino por presión jerárquica. La distinción importa: no estamos ante un proyecto político coherente, sino ante una lógica de captura institucional que se retroalimenta.
También asoman miembros de la red de apoyo de Ábalos, como el concejal valenciano Aarón Cano; empleados orgánicos como Mariano Moreno, gerente del PSOE que alertó de gastos abusivos y hoy ocupa un puesto en Enusa; las secretarias de Ferraz, Celia y Covadonga; o figuras como Vicente Fernández e Ion Antolín, cuya presencia ayuda a completar el cuadro con una densidad que los grandes titulares raramente alcanzan.
El mismo patrón se reproduce entre los empresarios con acceso privilegiado al poder político. Ahí están Víctor de Aldama, el emprendedor ginecólogo Ignacio Palomo, el constructor Pepe Ruz, el consultor Israel Pilar —a quien el libro sitúa como pieza de conexión con distintos grupos de influencia— o los traders petroleros Isaac Querub y Alfredo Chirino. La variedad de perfiles no hace sino subrayar la amplitud del fenómeno.
Lo que el libro describe, lo que aún falta por explicar
La acumulación de datos que ofrece Garat es más sólida en la descripción que en la explicación. El interés económico da cuenta de muchas conductas; la lealtad política, de otras; la lucha entre clanes socialistas por el control del aparato es una hipótesis razonable para el resto. Lo que el libro no resuelve —y no tiene por qué resolverlo, pues esa es tarea de la instrucción judicial, no del periodismo— es si Ábalos, Cerdán, Leire Díez, Mariano Moreno o Vicente Fernández comparten algo más que interés y miedo: un conocimiento compartido que ninguno tiene incentivo para revelar primero.
Esa sensación de que aún falta una pieza decisiva para completar el puzle es, precisamente, una de las huellas más inquietantes que deja este libro. Y, paradójicamente, también una de sus mayores virtudes como ejercicio periodístico: plantear con rigor las preguntas que los tribunales deberán, en su momento, responder.