Los padres biológicos afirman que el Principado de Asturias utilizó «artimañas» para obtener su firma en los documentos de adopción sin que comprendieran lo que estaban suscribiendo
Los padres biológicos de la niña de cinco años desaparecida en Oviedo desde el pasado jueves han roto su silencio para ofrecer su versión de los hechos. A través de Olivia Sara Iglesias, abogada de los abuelos paternos de la menor, han denunciado que fueron inducidos a firmar la adopción sin comprender el alcance jurídico de lo que firmaban. «Nos engañaron para que firmáramos la adopción sin saber lo que estábamos haciendo», afirman.
La niña se encontraba en régimen de acogida cuando sus progenitores la sustrajeron durante una visita autorizada en un centro especializado. Según su relato, la decisión de marcharse con ella se produjo tras las palabras de una educadora social: «Despídete, que nunca la volverás a ver». Los padres alegan que no querían perder a su hija de forma definitiva, y rechazan el término «secuestro» con el que las autoridades han descrito lo ocurrido.
Acusaciones de irregularidades administrativas contra la Consejería de Derechos Sociales
Las denuncias de la familia no se limitan al episodio de la fuga. Según la letrada Iglesias, desde la Consejería de Derechos Sociales del Principado se habría aprovechado la vulnerabilidad y el bajo nivel formativo de los progenitores para obstaculizar su proceso de recuperación de la tutela. «Decían a la madre que no hacía falta que acudiera a los cursos de recuperación de la tutela y luego elaboraban informes indicando que se ausentaba de los mismos», explica la abogada.
Esta versión, de ser cierta, apuntaría a una grave disfunción institucional: la utilización de procedimientos administrativos para consolidar una decisión de desamparo que los propios afectados no habrían podido impugnar en condiciones de igualdad. Se trata de una acusación seria que merece una respuesta institucional clara y documentada.
Presiones sobre los abuelos paternos y suspensión del régimen de visitas
La abogada de los abuelos paternos denuncia además lo que califica de represalias institucionales contra la familia extensa. Según Iglesias, la Consejería ha suspendido el régimen de visitas de los abuelos paternos a otros hijos de la pareja que también se encuentran bajo tutela del Principado, en lo que interpreta como una medida de presión para que revelen el paradero de los fugitivos.
«Los están presionando para que digan dónde está la niña», afirma la letrada, quien añade que incluso ella misma ha recibido presiones de técnicos de los servicios sociales para que aconseje a su cliente renunciar a la tutela de los menores. Si estas afirmaciones son exactas, plantean interrogantes serios sobre los límites del poder discrecional de la administración autonómica en materia de protección de menores.
Las familias de acogida piden un debate público responsable
El mismo día en que trascendía el testimonio de la familia biológica, la Asociación de Familias de Acogida del Principado de Asturias (Afapas) expresó su preocupación por el tono del debate generado en redes sociales a raíz del caso. La entidad rechaza las críticas genéricas al sistema de acogimiento familiar y recuerda que las decisiones sobre protección de menores se adoptan sobre la base de informes técnicos de carácter sociológico y psicológico, con posterior validación judicial.
Afapas ha subrayado que la familia acogedora en este caso concreto llevaba 18 meses al cuidado de la niña y se preparaba para ofrecerle estabilidad hasta su mayoría de edad, sin percibir remuneración económica más allá de una cobertura para gastos básicos. La asociación defiende el acogimiento familiar como alternativa preferible a la institucionalización y reclama que el debate público se centre en el interés superior del menor.
Un caso que exige transparencia institucional
Lo que este caso pone de manifiesto, más allá de las versiones en conflicto, es la necesidad de que el Principado de Asturias rinda cuentas de forma transparente sobre los procedimientos seguidos: desde la retirada de la tutela hasta la gestión de las visitas y la información proporcionada a los progenitores sobre sus derechos. La gravedad de las acusaciones formuladas —irregularidades en la firma de documentos, informes presuntamente falseados, presiones sobre familiares y sobre la propia defensa letrada— exige una respuesta institucional que vaya más allá de la narrativa del «secuestro inesperado».
La menor continúa en paradero desconocido. El Ministerio del Interior ha solicitado colaboración ciudadana para localizarla.