Un decreto ley protege a las haciendas locales de devolver el IAE cobrado ilegalmente a Telefónica, Orange y Vodafone durante casi dos décadas
Miles de ayuntamientos españoles y decenas de diputaciones provinciales y cabildos insulares quedarán protegidos frente a reclamaciones de hasta 1.500 millones de euros por parte de las principales operadoras de telecomunicaciones del país. El Gobierno ha incluido en un reciente real decreto ley una disposición específica que exime a las entidades locales de asumir la devolución del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) aplicado ilegalmente a los servicios de telefonía móvil desde 2002. La medida aún requiere la ratificación del Congreso de los Diputados.
Un impuesto declarado ilegal tras casi veinte años de litigios
El epígrafe del IAE sobre telefonía móvil fue introducido en 2002, durante el segundo gobierno de José María Aznar, con el objetivo de reforzar los recursos fiscales municipales tras la supresión general del impuesto. Las operadoras lo impugnaron de inmediato ante los tribunales, argumentando que carecía de base legal suficiente.
La batalla judicial se prolongó durante casi dos décadas. Diversas sentencias avalaron inicialmente el gravamen, hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) lo declaró contrario al derecho comunitario. El Tribunal Supremo se vio entonces obligado a rectificar su criterio y a reconocer la ilegalidad del tributo, lo que abrió la puerta a la devolución de las cantidades cobradas que hubieran sido impugnadas por las empresas.
Una factura que amenazaba la estabilidad presupuestaria local
El Ministerio de Hacienda estimó en su momento en 1.300 millones de euros el coste de los reintegros, aunque el Tribunal de Cuentas advirtió de que la cifra podría alcanzar los 1.500 millones si se sumaban todas las causas pendientes. El Ejecutivo asumió desde el principio que la factura debía correr a cargo del Estado, pero la regulación vigente del IAE obligaba técnicamente a las haciendas locales a hacerse responsables de esas devoluciones.
Esa contradicción jurídica dejó a los ayuntamientos en una situación de vulnerabilidad real: las operadoras podían reclamarles directamente los importes cobrados en exceso, con el respaldo de la legislación en vigor. La demora del Gobierno en resolver el problema no hizo sino agravar la inquietud de los gestores locales.
Dos intentos fallidos antes de la solución definitiva
El Ejecutivo intentó por primera vez abordar la cuestión en diciembre de 2024, incluyendo una modificación normativa en el llamado decreto ómnibus. Sin embargo, esa norma no superó el filtro del Congreso ni en diciembre ni en febrero, lo que prolongó la incertidumbre para las entidades locales.
El tercer intento ha adoptado una estrategia diferente. El Gobierno ha aprovechado un real decreto ley de amplio consenso —que desbloquea las entregas a cuenta a comunidades autónomas y ayuntamientos y flexibiliza el uso del superávit municipal— para incorporar la protección frente a las reclamaciones de las telecos. Al anclar la medida a una norma con respaldo político más sólido, las posibilidades de ratificación parlamentaria aumentan considerablemente.
El mecanismo de protección: una excepción a la regla general
La disposición aprobada establece una excepción expresa a la instrucción general del IAE. En virtud de ella, el procedimiento ordinario de reintegro de ingresos indebidos no se aplicará sobre «las cuotas nacionales de los servicios de telefonía móvil que hayan podido percibir en exceso los municipios y diputaciones provinciales, consejos y cabildos insulares, y que, como consecuencia de sentencias judiciales firmes, se hayan devuelto o se devuelvan por el Estado a las compañías de telefonía móvil».
En la práctica, será el Estado —y no las haciendas locales— quien asuma la devolución de esas cantidades a Telefónica, Orange y Vodafone, las principales beneficiarias de las sentencias.
La FEMP celebra la medida y alerta del riesgo que se evita
La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha valorado positivamente la aprobación de la disposición, pendiente únicamente de su ratificación parlamentaria. Según fuentes de la federación, la medida «evita posibles reclamaciones económicas a las entidades locales y elimina el riesgo de que tengan que afrontar devoluciones de cuantía elevada que podrían afectar de forma significativa a su tesorería y equilibrio presupuestario».
La FEMP agrupa a cerca de 8.000 ayuntamientos y al medio centenar de diputaciones provinciales que en conjunto recibieron algo más de 1.000 millones de euros el año pasado a través de una transferencia estatal equivalente al rendimiento de una tasa del 1,9% sobre la facturación de las operadoras, mecanismo con el que el Gobierno compensó anticipadamente a las entidades locales por los recursos que dejaron de ingresar.
La deuda con las operadoras, pendiente de liquidación
La protección de las haciendas locales no resuelve, sin embargo, la obligación del Estado de devolver a las operadoras las cantidades cobradas en exceso. Esa factura permanece abierta y su liquidación definitiva dependerá del resultado de los procedimientos judiciales en curso y de la negociación con las empresas afectadas.
Lo que sí queda despejado, si el Congreso ratifica el decreto, es que el coste de ese error normativo no recaerá sobre los presupuestos de los municipios españoles, sino sobre las arcas del Estado que lo originó.