La consejera Rocío Albert exige un Real Decreto-Ley urgente para actualizar las entregas a cuenta a las comunidades autónomas
La Comunidad de Madrid ha formalizado su reclamación al Gobierno central por una deuda acumulada de 12.367 millones de euros, cifra que equivale al 40% de su presupuesto anual para 2026 y que se aproxima al gasto íntegro de la región en sanidad pública durante ese mismo ejercicio. La consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, ha remitido una carta al ministro de Hacienda, Arcadi España, para exigir medidas inmediatas.
La ausencia de presupuestos, origen del conflicto
Albert atribuye la situación a la incapacidad del Ejecutivo de Pedro Sánchez para aprobar unos Presupuestos Generales del Estado, lo que califica de «anomalía democrática sin precedentes». La prórroga presupuestaria impide que el Gobierno actualice las entregas a cuenta que constituyen el 77% de los ingresos de las comunidades autónomas.
Como consecuencia directa, Madrid está recibiendo 129 millones de euros menos al mes entre enero y marzo de 2025, y 376 millones menos a partir de abril. La merma acumulada supera ya los 750 millones de euros, a los que se suman 4,7 millones adicionales en intereses y rentabilidad perdida por la financiación de emergencia a la que la región se ha visto obligada a recurrir.
«Yo decido, tú pagas»: la crítica al modelo de decisión unilateral
La consejera denuncia un patrón sistemático: el Ejecutivo central adopta decisiones en el Consejo de Ministros, las traslada a las conferencias sectoriales para informar —no para negociar— y las implementa sin memoria económica que cuantifique su impacto sobre las arcas autonómicas.
El ejemplo más reciente es el denominado Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio, que reduce temporalmente el IVA de la electricidad y los carburantes, así como los impuestos especiales sobre estos productos, todos ellos cedidos total o parcialmente a las autonomías. El impacto estimado para Madrid asciende a 206 millones de euros.
Albert señala otras medidas en tramitación que carecen igualmente de memoria económica: la reducción de la jornada laboral a 35 horas en la Administración y la imposición de nuevos calendarios de horas lectivas y ratios docentes. A ello se añade la subida retributiva pactada por el Gobierno para los empleados públicos, que supondrá 888 millones para Madrid en 2025 y 2026, y cerca de 2.000 millones hasta 2028.
Desglose de la deuda por áreas
La Consejería de Economía, Hacienda y Empleo concentra 6.276 millones del total reclamado, distribuidos del siguiente modo:
El resto de la deuda se distribuye entre otras consejerías:
La petición: un decreto-ley sin mezcla de materias
Para desbloquear la situación, Albert ha solicitado formalmente al ministro España la aprobación de un Real Decreto-Ley «urgente y específico» que actualice las entregas a cuenta. La consejera subraya que la norma no debe incluir materias ajenas al objeto principal, con el fin de evitar que sea rechazada en una votación parlamentaria por razones políticas ajenas al fondo del asunto.
La reclamación de Madrid pone de relieve una tensión estructural en el modelo de financiación autonómica: la dependencia de las comunidades respecto a decisiones presupuestarias del Estado central que, cuando se dilatan o se adoptan unilateralmente, trasladan el coste fiscal a las administraciones territoriales sin compensación ni negociación previa.