Lo ocurrido este domingo en el País Vasco durante la final del Mundial entre España y Argentina no fue un estallido espontáneo de fervor deportivo, sino la expresión organizada de una intolerancia que merece ser llamada por su nombre. Mientras millones de ciudadanos celebraban el partido en todo el territorio nacional, grupos de radicales independentistas agredieron físicamente a personas por llevar la camiseta de la selección española, intentaron sabotear pantallas gigantes y quemaron banderas ante la mirada de miles de espectadores. La violencia motivada por la identidad nacional, venga de donde venga, es incompatible con cualquier noción elemental de convivencia democrática.
Los incidentes más graves tuvieron lugar en Vitoria. En la calle Cuchillería del Casco Viejo, unos treinta jóvenes supuestamente vinculados a los ultras del Alavés rodearon a dos personas que vestían la equipación española, les rociaron con gas pimienta y les propinaron puñetazos y patadas. Cuando llegó la Ertzaintza, las víctimas presentaban los rostros amoratados y se encontraban desorientadas. No se produjo ninguna detención. En esa misma ciudad, en la calle Portal de Legutiano, la Policía Local identificó a tres jóvenes que atacaron a otro ciudadano por idéntico motivo; los agresores admitieron los hechos, pero la ausencia de denuncia formal impidió también aquí cualquier arresto. Que dos episodios de violencia documentada en la misma ciudad el mismo día terminen sin un solo detenido es un dato que no debería pasar inadvertido.
En Bilbao, militantes de Ernai —organización juvenil de Sortu— intentaron derribar la pantalla instalada por el Partido Popular en el parque de Doña Casilda, único punto de proyección pública en la capital vizcaína tras la negativa del alcalde Juan María Aburto a colocar una. Varios manifestantes tiraron de cables y trataron de tumbar el equipo, interrumpiendo brevemente la emisión para cientos de ciudadanos que simplemente querían ver el partido. La Ertzaintza tuvo que establecer un cordón policial para protegerlos. Cinco personas fueron identificadas.
En Eibar, localidad natal de Mikel Oyarzábal, jugador precisamente de la selección española, un grupo de encapuchados quemó una bandera española desde un mirador de la plaza Unzaga, donde miles de aficionados seguían la final. Antes del partido ya habían aparecido pintadas con mensajes como «Puta España» o «Espainolismoa borrokatu» —combatir el españolismo—, y pancartas con el escudo de España tachado y la palabra «boicot» en letras de gran formato. La coincidencia simbólica resulta reveladora: agredir a un jugador de la selección en su propio pueblo, aunque sea de forma indirecta, dice mucho sobre la naturaleza de este tipo de activismo.
Conviene resistir dos tentaciones simétricas. La primera es la de minimizar estos hechos como meras «expresiones culturales» o conflictos menores propios de una jornada de tensión. Atacar a personas por su ropa, sabotear un acto público o quemar símbolos ante una multitud no son manifestaciones de pluralismo: son actos de coacción. La segunda tentación es instrumentalizarlos políticamente para construir un relato homogéneo sobre el País Vasco o sobre el independentismo vasco en su conjunto, ignorando que la mayoría de quienes vieron el partido aquella tarde lo hicieron sin agredir a nadie. La violencia fue obra de grupos pequeños y organizados, no de una sociedad entera.
Lo que estos incidentes revelan, sin embargo, es la persistencia de una cultura de intimidación que no ha desaparecido, que cuenta con cierta impunidad estructural —demostrada en la ausencia de detenciones— y que se activa con especial virulencia en momentos de alta visibilidad simbólica. Una democracia madura no puede permitirse tratar esa realidad con eufemismos.