Una crisis migratoria y una respuesta que brilla por su ausencia
Ochenta mil ciudadanos marroquíes entran en Ceuta en cuestión de días. La pregunta inmediata es tan obvia como incómoda: ¿qué se hace? Las respuestas que circulan en el debate público oscilan entre el cinismo y la demagogia, sin detenerse demasiado en lo que ocurre entre medias. Algunos proponen ignorar el problema, confiando en que la situación se resuelva sola. Otros sugieren distribuir a las personas llegadas entre distintas comunidades autónomas, propuesta que dichas comunidades rechazan de plano. Y hay quien, sin mayor pudor, invoca el artículo 8 de la Constitución —el que encomienda a las Fuerzas Armadas la garantía de la soberanía e integridad territorial— como si la respuesta militar a una crisis humanitaria fuera una solución razonable y no un despropósito jurídico y político de primer orden. Ninguna de estas posiciones resiste un análisis serio. Pero todas tienen algo en común: sustituyen el razonamiento por el gesto.
El caso de Ceuta no es una anécdota aislada. Es la expresión más visible de un fenómeno estructural al que buena parte de la clase política prefiere referirse con mayúscula y tono apocalíptico: la Inmigración, presentada como causa universal de todos los males contemporáneos, desde la escasez de vivienda asequible hasta la saturación de las aulas, pasando por la inseguridad ciudadana. Este relato tiene la virtud de su simplicidad y el defecto de su falsedad. Simplifica hasta la caricatura una realidad que exige, precisamente, todo lo contrario.
¿Qué dice realmente la evidencia sobre la inmigración?
Conviene detenerse en los hechos antes de seguir. Las economías europeas llevan décadas dependiendo de la mano de obra inmigrante para sostener sectores enteros que la población autóctona no cubre. Quién sirve en la hostelería, quién cuida a los mayores en situación de dependencia, quién trabaja en la construcción: estas preguntas tienen respuestas concretas que el discurso de la mano dura prefiere ignorar. Italia, Hungría y Dinamarca —citados con frecuencia como modelos de firmeza— han mantenido una retórica restrictiva al tiempo que sus cifras de acogida real no han dejado de crecer, porque sus mercados laborales lo exigen. La contradicción no es accidental; es estructural.
A esto se añade un dato demográfico que debería centrar cualquier debate honesto: la natalidad europea lleva décadas en mínimos históricos y ninguna política pública ha conseguido revertir la tendencia de forma significativa. Sin flujos migratorios sostenidos, la población activa de los países del continente se reduciría de manera drástica en el plazo de dos o tres décadas, con consecuencias directas sobre los sistemas de pensiones, la sanidad pública y la capacidad productiva en general. Esto no significa que la gestión migratoria no plantee desafíos reales —los plantea, y algunos son serios—, pero sí que abordarlos requiere rigor analítico, no consignas.
¿Dónde está la institución diseñada para resolver exactamente esto?
Aquí reside el verdadero problema, y es de naturaleza institucional. Los retos que plantea la inmigración —su gestión humanitaria, su integración social, su dimensión económica, su encaje en el derecho internacional— son, simultáneamente, urgentes, graves y extraordinariamente complejos. No admiten soluciones simples ni respuestas improvisadas. Requieren deliberación informada, análisis técnico riguroso, escucha entre posiciones distintas y, al final del proceso, decisiones que puedan aplicarse con coherencia y legitimidad democrática. Existe, en teoría, una institución diseñada exactamente para eso.
En el centro de Madrid hay un palacio de 89.000 metros cuadrados —contando sus anexos— que alberga las Cortes Generales. Es un edificio imponente, con su escalinata flanqueada por dos leones de bronce que se han convertido en símbolo reconocible. Su función constitucional es que los representantes elegidos por los ciudadanos parlamenten: que debatan con seriedad, que estudien los expedientes, que escuchen argumentos contrarios a los propios y que tomen decisiones fundamentadas. Eso es, en esencia, lo que significa tener un Parlamento. No es una idea nueva ni particularmente revolucionaria. Es, simplemente, la promesa básica de la democracia representativa.
¿Qué ocurre cuando el Parlamento deja de parlamentar?
El problema es que ese edificio lleva demasiado tiempo ocupado por algo que se parece más a un espectáculo que a una deliberación. El ruido, la bronca permanente, la instrumentalización de cada crisis como munición electoral: todo ello consume el espacio que debería dedicarse al análisis y a la decisión. Cuando una crisis como la de Ceuta estalla, el resultado no es un debate parlamentario serio sobre política migratoria, sino una sucesión de declaraciones diseñadas para el titular, el clip de treinta segundos y la indignación en redes sociales. El fondo del asunto —qué hacer, con qué medios, bajo qué marco legal y con qué consecuencias— queda sepultado bajo el espectáculo.
Esto no es un problema menor ni cosmético. Una democracia liberal funciona cuando sus instituciones cumplen su función: cuando el Parlamento legisla con rigor, cuando el Gobierno ejecuta con eficacia y cuando los tribunales controlan la legalidad de ambos. Cuando alguno de esos engranajes falla —y el Parlamento falla cuando deja de deliberar para convertirse en escenario— el sistema pierde su capacidad de responder a los problemas reales de los ciudadanos. Y los ciudadanos, razonablemente frustrados, se vuelven más permeables a quienes ofrecen certezas simples a problemas complejos. Es un círculo vicioso cuya ruptura exige, antes que nada, recuperar la seriedad institucional que se ha perdido.