Tres grandes corporaciones químicas —Chemours, DuPont y Corteva— han alcanzado un acuerdo extrajudicial por valor de 455 millones de dólares para resolver las demandas interpuestas por el estado de Carolina del Norte y once entidades locales. Las reclamaciones giraban en torno a la contaminación provocada por los llamados «químicos eternos» o PFAS (per- and polyfluoroalkyl substances), sustancias sintéticas cuya persistencia en el medioambiente y en el organismo humano las convierte en uno de los problemas toxicológicos más complejos de la regulación contemporánea.
La tesis que subyace a este acuerdo es tan sencilla como incómoda: durante décadas, la industria química trasladó los costes reales de su actividad —contaminación, enfermedades, degradación de acuíferos— a las comunidades y a los contribuyentes. La resolución judicial, aunque bienvenida, no hace sino confirmar que ese modelo de externalización de daños tiene, al menos en parte, un límite legal.
El origen del conflicto: la planta de Fayetteville Works
El epicentro de las demandas es la instalación de Fayetteville Works, operada por Chemours en Carolina del Norte, desde la que se vertieron PFAS al río Cape Fear durante años. Estos compuestos —utilizados en revestimientos antiadherentes, espumas ignífugas, embalajes alimentarios y multitud de aplicaciones industriales— no se degradan de forma natural y se acumulan en tejidos biológicos y en el agua potable. Las once entidades locales que se sumaron al litigio representan a municipios y condados cuyas redes de abastecimiento de agua resultaron afectadas, lo que obligó a inversiones costosas en tratamiento y filtración que nunca debieron haber recaído sobre los ciudadanos.
DuPont y Corteva, que surgieron de la escisión corporativa del antiguo gigante químico, fueron incluidas en la demanda precisamente porque los vertidos históricos se produjeron bajo estructuras societarias anteriores a esa reorganización. La ingeniería corporativa no puede servir de escudo frente a la responsabilidad civil.
Un acuerdo significativo, aunque insuficiente para cerrar el debate
Los 455 millones de dólares constituyen una cifra relevante en términos absolutos, pero conviene contextualizarla. Los costes de remediación ambiental, los gastos sanitarios asociados a la exposición prolongada a PFAS y las inversiones en infraestructuras de agua potable que ya han asumido las comunidades afectadas superan con creces esa cantidad. El acuerdo resuelve el litigio, pero no liquida el problema.
Desde una perspectiva de Estado de Derecho, la resolución merece una valoración matizada. Por un lado, demuestra que los mecanismos judiciales pueden obligar a las empresas a internalizar, siquiera parcialmente, los costes de sus externalidades negativas. Por otro, el acuerdo extrajudicial evita que un tribunal establezca jurisprudencia clara sobre los estándares de responsabilidad aplicables, lo que habría sido más valioso a largo plazo para la protección de los ciudadanos frente a futuras contaminaciones.
El caso de Carolina del Norte no es, en modo alguno, aislado. En los últimos años, decenas de estados y miles de municipios estadounidenses han presentado demandas similares relacionadas con los PFAS, y la presión regulatoria ha llevado a la Agencia de Protección Ambiental (EPA) a establecer límites máximos en el agua potable. La pregunta que queda abierta es si el marco regulatorio avanzará con la suficiente celeridad para prevenir daños futuros, o si seguiremos dependiendo de litigios caso por caso para obtener reparación.
La implicación de fondo: regular antes de contaminar
Este acuerdo ilustra una paradoja estructural de los sistemas de responsabilidad civil: son más eficaces para reparar el daño que para prevenirlo. Cuando una empresa puede externalizar costes durante décadas antes de que la acción colectiva —judicial o política— le obligue a responder, el incentivo para adoptar tecnologías más seguras desde el principio se debilita considerablemente. El resultado es que la sociedad financia, en primer lugar mediante la degradación de su entorno y su salud, y en segundo lugar mediante los impuestos que sostienen los sistemas de salud pública, los beneficios de una industria que no asume el coste íntegro de su actividad.
La solución no es la demonización de la industria química, que aporta bienes y empleos indiscutibles. Es, sencillamente, la aplicación rigurosa del principio de quien contamina paga, reforzada por una regulación preventiva basada en evidencia científica independiente. Ese es el estándar que los ciudadanos de Carolina del Norte, y los de cualquier democracia liberal, tienen derecho a exigir.