El pasado mes de julio, España registró un hito estadístico difícil de ignorar: 22,5 millones de personas afiliadas a la Seguridad Social, la cifra más alta de su historia. Detrás de ese máximo late, con fuerza creciente, el empleo extranjero, que alcanzó simultáneamente su propio récord: 3.512.223 afiliados de media a lo largo del mes, 420.875 más que en el mismo período del año anterior y 66.046 más que en junio. El Ministerio de Seguridad Social, dirigido por Elma Saiz, cifra ese incremento en un 13,6% interanual, una velocidad de crucero que casi quintuplica el crecimiento del conjunto del sistema, situado en el 2,9%.
Para entender este salto es necesario remontarse a la decisión del Gobierno de poner en marcha un proceso de regularización extraordinaria de migrantes, que ha sacado a la superficie una parte sustancial de la economía sumergida. El efecto es doble y, en apariencia, paradójico: mientras la afiliación se dispara, el paro registrado también subió en julio de forma inusual, en unas 19.500 personas. La explicación es que muchos trabajadores que antes operaban al margen del sistema formal se incorporan ahora a los canales oficiales de búsqueda de empleo, lo que los hace estadísticamente visibles por primera vez.
Los sectores que concentran el empleo extranjero
Los trabajadores extranjeros representan ya el 15,6% del total de afiliados al sistema, pero esa media oculta concentraciones sectoriales mucho más pronunciadas. En la hostelería, uno de cada tres empleados —el 33%— es extranjero, lo que se traduce en aproximadamente 540.000 personas afiliadas de media en julio. La agricultura alcanza el 28%, la construcción el 26,6%, las actividades administrativas el 19,5% y el transporte el 18,4%.
Aún más llamativa es la presencia en los regímenes especiales. El 46,7% de los afiliados al Sistema Especial del Hogar —integrado en su inmensa mayoría por mujeres— son extranjeros, y el 39,2% del Sistema Especial Agrario también lo es. Estos datos ilustran con precisión en qué nichos del mercado laboral español descansa de manera estructural la mano de obra inmigrante: sectores intensivos en trabajo, con salarios bajos y condiciones frecuentemente precarias, que la población autóctona tiende a rechazar.
Hay, sin embargo, un dato que merece atención especial y que contradice la imagen más simplificada del trabajador inmigrante como mano de obra no cualificada. Tras la reforma laboral, más del 86% de los asalariados extranjeros tiene contrato indefinido. Si se compara con el promedio del período 2017-2021, previo a la reforma, cuando esa proporción era del 58,9%, el avance resulta estructuralmente significativo. La precariedad contractual, al menos en su forma más visible, ha retrocedido también entre la población extranjera.
El emprendimiento extranjero gana terreno
Más allá del trabajo por cuenta ajena, el colectivo inmigrante también avanza en el ámbito del autoempleo. En julio, 531.568 trabajadores extranjeros figuraban de alta como autónomos, un 9,2% más que un año antes. El crecimiento es más moderado que en la afiliación general, pero su composición resulta relevante.
El Ministerio subraya la «presencia creciente de trabajadores extranjeros que emprenden en sectores altamente cualificados», con especial mención a las telecomunicaciones y la programación informática, donde los autónomos extranjeros representan ya más del 33% del total, es decir, uno de cada tres trabajadores por cuenta propia en ese segmento. A ello se suman actividades de los hogares (27,4%), hostelería (25,6%), actividades administrativas (19,3%), construcción (18,6%) y actividades inmobiliarias (18,4%).
Las nacionalidades que encabezan el padrón laboral
De los 3,5 millones de afiliados extranjeros, algo más de dos millones son hombres y 1,5 millones son mujeres, lo que representa el 43% del total. Aproximadamente el 27,5% procede de países de la Unión Europea; el resto, de terceros estados.
Por nacionalidades, Marruecos continúa siendo el país con mayor presencia en la Seguridad Social española, con algo más de 415.000 cotizantes. Le sigue Colombia, con 347.467, un dato que no es casual: Colombia encabeza también las solicitudes del proceso de regularización extraordinaria en curso. A continuación figuran Rumanía (342.555), Venezuela (247.209), Italia (223.589), China (136.395), Perú (133.002) y Ucrania (84.599).
Precisamente sobre la regularización, la Seguridad Social precisó a comienzos de mes que, a 30 de julio, 262.475 personas ya estaban afiliadas al sistema como consecuencia directa del proceso extraordinario, la gran mayoría como trabajadores por cuenta ajena. Es un primer balance parcial de una medida cuyo impacto definitivo sobre el mercado laboral —y sobre las arcas de la Seguridad Social— tardará todavía meses en perfilarse con nitidez.