Una estrategia que va más allá del discurso oficial
La Junta de Castilla y León ha convertido la acción exterior en uno de sus ejes de gobierno para 2026. No se trata de una novedad absoluta, pero sí de una apuesta que se concreta en partidas presupuestarias, programas específicos y una orientación clara hacia dos frentes: la Unión Europea y Portugal. La pregunta pertinente no es si la iniciativa existe —existe y tiene sustancia—, sino si los instrumentos elegidos resultan proporcionales a los desafíos reales que afronta la región.
La Consejería de la Presidencia, dirigida por Luis Miguel González Gago, ha articulado este año un conjunto de actuaciones que van desde la financiación de centros de información europea hasta jornadas técnicas de cooperación transfronteriza. El hilo conductor es la voluntad de que Castilla y León no sea un actor pasivo en los espacios donde se toman decisiones que afectan a su territorio, su economía y su demografía.
Eso es, en principio, un objetivo razonable. La cuestión es cómo se ejecuta.
Europa más cerca: ciudadanía, jóvenes y universidades
El primer bloque de actuaciones apunta a reducir la distancia percibida entre las instituciones europeas y los ciudadanos de a pie, con énfasis particular en los más jóvenes. La Consejería destina 30.000 euros a los cinco centros Europe Direct de la Comunidad para actividades de información y asesoramiento sobre la UE. La cifra es modesta, pero estos centros operan como puntos de contacto de proximidad y su valor no reside solo en el presupuesto, sino en la capilaridad territorial.
Con motivo del Día de Europa, la Junta colaboró en una jornada celebrada en Tordesillas, en la provincia de Valladolid, orientada a poner en valor el proyecto europeo entre alumnos de distintos centros educativos y con atención específica al entorno rural. La elección de Tordesillas —una localidad de tamaño medio, alejada de los focos universitarios— no es un detalle menor: refleja una voluntad de no circunscribir estas iniciativas a los núcleos urbanos más dinámicos.
A ello se suma la participación en la III Olimpiada Autonómica sobre la Unión Europea, celebrada en la Universidad de Salamanca. Sesenta estudiantes de doce centros educativos compitieron en un formato que combina conocimiento institucional con debate y pensamiento crítico. El certamen tomó como eje temático el cuadragésimo aniversario de la adhesión de España a la UE, un recordatorio útil de que la integración europea no fue un proceso automático ni gratuito, sino el resultado de decisiones políticas con consecuencias duraderas.
Las universidades como palanca de especialización
El segundo pilar de la estrategia involucra directamente a las cuatro universidades públicas de la Comunidad. La Junta les destina 60.000 euros para el desarrollo de actividades formativas en el ámbito de la acción exterior y los asuntos europeos. Con ese presupuesto se financian seminarios, conferencias, cursos, visitas a instituciones europeas y becas para estudios especializados, además de una nueva edición del Debate Europeo de las Universidades Públicas de Castilla y León.
El programa de becas para que jóvenes titulados completen su formación en la Delegación Permanente de Castilla y León ante la Unión Europea en Bruselas merece atención especial. Formar profesionales que conozcan desde dentro el funcionamiento de las instituciones comunitarias es una inversión con retorno a largo plazo, tanto para la administración regional como para el sector privado. No abundan las regiones españolas que mantengan este tipo de presencia institucional en la capital europea con continuidad y recursos propios.
Portugal: la frontera como oportunidad, no como límite
La cooperación con Portugal constituye el tercer eje, y quizás el más tangible en términos de impacto territorial. Castilla y León comparte una extensa frontera con las regiones Norte y Centro de Portugal, territorios que comparten con ella problemas estructurales similares: despoblación, envejecimiento demográfico, dependencia del sector primario y necesidad de diversificación económica.
Durante 2026, la Consejería organizó una jornada técnica sobre concentración parcelaria en el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACyL). Técnicos portugueses de las regiones Norte y Centro conocieron de primera mano la experiencia castellanoleonesa en una materia en la que esta Comunidad es referente en la Península Ibérica. La iniciativa se desarrolló en el marco del programa europeo INTERREG POCTEP, que financia precisamente este tipo de intercambios de conocimiento entre territorios fronterizos.
La concentración parcelaria es un ejemplo de política pública con impacto directo sobre la productividad agraria y la viabilidad de las explotaciones rurales. Que Portugal busque aprender de la experiencia castellanoleonesa en este campo no es un gesto protocolario: responde a una necesidad real.
Continuidad frente a oportunismo: el test de la legislatura
El verdadero indicador de si esta estrategia tiene solidez o es simplemente gestión de imagen será su continuidad. La Consejería anuncia que mantendrá el apoyo a la red Europe Direct y a las universidades, reforzará la actividad de la Delegación en Bruselas e intensificará la cooperación transfronteriza a través de nuevos proyectos INTERREG POCTEP y de la participación en la Comisión Luso-Española de Cooperación Transfronteriza.
El marco institucional existe. Los programas europeos de financiación también. Lo que suele fallar, en administraciones de cualquier signo, es la coherencia entre los anuncios y la ejecución presupuestaria real a lo largo de la legislatura. Castilla y León tiene en su mano demostrar que su apuesta por la acción exterior no se agota en el ciclo electoral.
La región afronta retos demográficos y económicos que ninguna política interior puede resolver en solitario. La integración europea y la cooperación con Portugal no son adornos retóricos: son instrumentos con potencial real, siempre que se utilicen con rigor, continuidad y evaluación honesta de resultados. Eso es lo que merece seguimiento crítico.