En el Museo Marítimo de Barcelona, con el mar al fondo y el peso simbólico de la historia naval catalana como telón, Salvador Illa tomó la palabra este lunes para pronunciar una conferencia titulada «El futur és aquí». El escenario era deliberado, la puesta en escena cuidada. Pero detrás del gesto político, el contexto era menos luminoso: dos años de mandato marcados por turbulencias en materia ferroviaria, educativa, sanitaria y de seguridad, y una encuesta reciente que sitúa al PSC perdiendo hasta once escaños respecto a los resultados de mayo de 2024.
La convocatoria, recogida tanto por El País como por El Mundo, funcionó como una suerte de balance a mitad de legislatura, aunque desde la Generalitat se presentó como algo distinto: una reflexión sobre el rumbo que debe seguir Cataluña en los próximos años, con la vivienda, la productividad, la transición climática y la formación como ejes vertebradores. Según fuentes del Govern citadas por ambas cabeceras, Illa quiso transmitir que gobernar «no consiste únicamente en responder a cada titular, sino preparar el país para la próxima década». Es una formulación razonable, aunque su credibilidad depende de los hechos que la acompañen.
El año no había comenzado bien para el president. Una infección bacteriana que requirió hospitalización fue seguida de una cadena de crisis que no ha terminado de cerrarse: la dimisión del director general de la policía, Josep Lluís Trapero, propició que en menos de mes y medio el Ejecutivo acumulara la salida de la consejera de Derechos Sociales, dos secretarios generales y un director general. A ello se añade el conflicto persistente con el sector educativo, que El País describe como «la más enquistada» de las crisis del Govern. Desde la Generalitat, como es habitual en cualquier ejecutivo que se enfrenta a problemas heredados, se ha insistido en atribuir las dificultades en áreas como Rodalies o educación a situaciones cronificadas por gobiernos anteriores. El argumento no es falso, pero tampoco resulta suficiente indefinidamente.
El dato que más ha agitado el ambiente político en los últimos días proviene de una encuesta de El Mundo elaborada por Sigma Dos, que además de registrar el crecimiento de Aliança Catalana —la formación que lidera Sílvia Orriols, alcaldesa de Ripoll— apunta a que el PSC podría perder once diputados respecto a las elecciones autonómicas del año pasado. Que Aliança Catalana esté en condiciones de convertirse en segunda fuerza del Parlament cuando aún restan dos años para el final de la legislatura ha encendido las alarmas en el Palau de la Generalitat. El propio Illa, en su mensaje institucional del 11 de septiembre, llamó a frenar el «odio» en una referencia implícita a la formación independentista de extrema derecha. Este lunes, según El Mundo, alentó a su partido y al conjunto de la sociedad catalana a la «movilización» para recuperar el respaldo social que lo llevó a ganar las últimas elecciones autonómicas. La estrategia es comprensible desde la lógica electoral; su eficacia, una incógnita.
En paralelo al escenario político, y con bastante menos aparato escénico, se ha conocido una información que merece atención sostenida. La consejería de Derechos Sociales, dirigida por Raúl Moreno, ha respondido a una batería de preguntas parlamentarias formuladas por la diputada del PP Lorena Roldán sobre la atención a la infancia tutelada. La respuesta, recogida en exclusiva por El Món, revela una carencia sistemática de datos que resulta difícil de justificar en un Estado de derecho moderno que aspira a proteger a sus menores más vulnerables.
La Dirección General de Prevención y Protección a la Infancia y la Adolescencia (DGPPIA), antigua DGAIA, no dispone de estadísticas precisas sobre cuántos menores tutelados reciben atención de salud mental, cuántos siguen tratamiento farmacológico, cuántos han ejercido violencia contra sus progenitores ni cuántos han cometido delitos penales o están bajo supervisión del sistema de Justicia Juvenil. Tampoco existen datos completos sobre menores víctimas de abusos sexuales por parte de adultos o de otros menores residentes en el mismo centro de acogida. El conseller justifica estas lagunas invocando la «complejidad» de los procesos y las limitaciones del sistema actual de recogida y explotación de información, al tiempo que anuncia mejoras en curso. La explicación técnica puede ser parcialmente válida; la situación que describe, sin embargo, es inaceptable.
Uno de los puntos más perturbadores de la respuesta parlamentaria afecta precisamente al período en que el llamado «caso DGAIA» copó la atención pública. Los datos sobre menores tutelados que han sido víctimas de conductas abusivas por parte de otros menores en el mismo centro no se recogían de manera específica en el sistema de información SINIA hasta el primer cuatrimestre de 2026. Esto significa que no existe estadística de 2023, 2024 ni 2025, los años en que el escándalo estalló. Los únicos datos disponibles corresponden a los cuatro primeros meses de 2026 y arrojan un total de trece casos registrados. En cuanto a las agresiones sexuales por parte de adultos, el conseller señala que el modelo Barnahus —con el que se atienden estos casos— no distingue entre menores tutelados y no tutelados por razones de no discriminación, lo que hace imposible la explotación estadística diferenciada. La justificación tiene una lógica garantista, pero el resultado práctico es una opacidad que dificulta cualquier evaluación seria de las políticas de protección a la infancia.
En otro orden de cosas, El Periódico avanza que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, visitará Barcelona el próximo domingo para arropar a la dirección renovada del PP catalán, encabezada por Alejandro Fernández con Juan Fernández como número dos. Las visitas de Feijóo a Cataluña se han intensificado desde las elecciones autonómicas de 2024, prácticamente a razón de una mensual en algunos períodos, en lo que desde Génova describen como una estrategia de «campaña electoral permanente». La lógica es clara: mejorar los resultados en Cataluña podría resultar decisivo para que Feijóo alcance la Moncloa y, al mismo tiempo, reducir una eventual dependencia de Vox para gobernar. El objetivo que el propio Feijóo fijó a sus compañeros catalanes en el congreso de junio es alcanzar los doce diputados en el Congreso, cifra que logró José María Aznar en su mayoría absoluta del año 2000. El último barómetro del Centre d’Estudis d’Opinió sitúa al PP en una horquilla de entre cinco y seis diputados por Cataluña en unas elecciones generales, por detrás de Vox, que lograría entre seis y siete. La distancia entre la ambición y la realidad sondeable es todavía considerable.
La jornada se completa con las quejas de Òmnium Cultural y Alerta Solidària por la actuación de los Mossos d’Esquadra durante la noche de la Diada, cuando se produjeron cargas policiales y detenciones en el entorno del Arc de Triomf y el paseo de Lluís Companys. Alerta Solidària cifra en dieciocho las personas detenidas; Òmnium habla de «casi una veintena de independentistas» arrestados y califica las detenciones de «arbitrarias». La Assemblea Nacional Catalana, por su parte, denunció la detención de ocho menores y atribuyó a los agentes frases de una brutalidad verbal que, si son verídicas, merecen investigación. Que organizaciones cuya actividad ha incluido la cobertura de actos en los que se incendiaron objetos y se alteró gravemente el orden público presenten a los Mossos como los únicos responsables de lo ocurrido es, cuando menos, una lectura parcial de los hechos. La exigencia de rendición de cuentas policial es legítima y necesaria en cualquier democracia; utilizarla selectivamente como escudo ante cualquier actuación que afecte a los propios es otra cosa.
Al final del día, lo que queda es una imagen de un gobierno que intenta recuperar el relato mientras gestiona sus propias carencias, y una administración que, en el ámbito de la protección a la infancia, no dispone de los datos mínimos para saber qué está pasando con los niños que tiene bajo su tutela. Esa brecha entre el discurso sobre el futuro y la opacidad del presente es, quizás, el dato más revelador de la jornada.