En el juzgado de Catarroja, una causa penal de proporciones inusuales avanza con la lentitud inevitable que impone su propia magnitud. Este lunes, la magistrada Nuria Ruiz Tobarra, instructora del procedimiento sobre la gestión institucional de la DANA que devastó la Comunitat Valenciana, acordó prorrogar la investigación otros seis meses a partir del próximo 30 de octubre, fecha en que expiraba el plazo inicial de instrucción. La decisión, adoptada con el respaldo expreso de la Fiscalía y recogida en un auto difundido por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, refleja la envergadura de un procedimiento que desborda los marcos habituales de la justicia penal ordinaria.
La magistrada fundamenta la prórroga en razones tanto de hecho como de derecho. Quedan pendientes declaraciones de perjudicados y testigos que aún no han comparecido, informes médico-forenses sin concluir y diligencias derivadas del estudio de posibles nuevas víctimas mortales. Cada testimonio puede abrir nuevas líneas de investigación; cada pericial puede exigir actuaciones adicionales. La instructora no oculta que, incluso con seis meses más, no es descartable que la instrucción deba prolongarse más allá del nuevo horizonte fijado. La causa, escribe con precisión técnica, «es de gran complejidad y su objeto es de extrema gravedad».
Uno de los elementos que la jueza mantiene abierto con especial atención es la posible recuperación de los mensajes del día de la catástrofe del teléfono de José Manuel Cuenca, exjefe de gabinete del expresident de la Generalitat Carlos Mazón. El auto señala que «no es descartable» que esas comunicaciones puedan obtenerse, lo que convierte este extremo en una pieza potencialmente relevante para determinar qué se sabía, cuándo se sabía y qué decisiones se tomaron —o dejaron de tomarse— en las horas críticas previas a la riada. La transparencia en la cadena de mando es, precisamente, uno de los ejes sobre los que pivota toda la investigación.
Paralelamente, la magistrada ha resuelto una cuestión de calado jurídico y humano: la exclusión como víctima mortal de la DANA de una mujer de 93 años, vecina del barrio valenciano de La Torre, fallecida el 25 de noviembre de 2024 en el Hospital de Manises. Los hechos que rodean su muerte son dolorosos en su concreción: dos días después de la riada, la mujer resbaló en su propia casa sobre el lodo acumulado, se golpeó la cabeza y, días más tarde, sufrió un infarto. Sin embargo, el Instituto de Medicina Legal de Valencia concluyó en su informe pericial que no existe una relación de causalidad directa entre las lesiones sufridas en el contexto de la DANA y el fallecimiento posterior, atribuyendo este último a un estado previo de «marcada fragilidad» y a una grave patología cardiovascular y sistémica preexistente.
La decisión de la jueza de no incluirla en el listado oficial de víctimas mortales no es un juicio moral sobre el sufrimiento de la familia ni una minimización de las circunstancias que rodearon su muerte, sino la aplicación rigurosa del estándar jurídico de causalidad que exige el derecho penal. La distinción importa: un proceso judicial no puede construirse sobre la solidaridad emocional, por legítima que esta sea, sino sobre la verificación precisa de los nexos causales. Ese rigor, lejos de ser una frialdad burocrática, es la garantía de que el procedimiento resista cualquier impugnación futura y que las responsabilidades que se determinen sean jurídicamente sólidas.
Lo que subyace a este auto de prórroga es, en definitiva, la imagen de un sistema judicial que trabaja bajo una presión social e institucional considerable, con recursos limitados y ante una causa que afecta a centenares de perjudicados, a la actuación de varias administraciones y a decisiones tomadas —o no tomadas— en tiempo real durante una emergencia de primera magnitud. La instrucción avanza. Que lo haga con la cadencia que exige su complejidad, antes que con la urgencia que reclama el ruido político, es precisamente lo que le otorga credibilidad.