Todo comenzó, al menos de forma documentada, el 28 de enero de 2026, cuando el Consejo de Informativos de RNE empezó a emitir una serie de comunicados en los que cuestionaba públicamente la labor de una redactora —identificada en los documentos internos como R.M.— por presunta mala praxis profesional. Era el ejercicio ordinario de las funciones que la normativa interna de RTVE encomienda a ese órgano: velar por la neutralidad y el rigor de los informativos de la emisora pública. Nadie imaginaba entonces que esos pronunciamientos servirían, meses después, como fundamento de expedientes disciplinarios contra los propios consejeros que los habían firmado.
El contexto en el que se producían esos comunicados no era neutro. Desde hacía aproximadamente un año, la plantilla de RNE venía protagonizando protestas periódicas —bautizadas internamente como los viernes negros— contra la elevada externalización de la producción. Quienes participaban en esas movilizaciones denunciaban represalias sistemáticas: recolocaciones, cierres de programas y apertura de expedientes internos. El Consejo de Informativos, al ejercer su función fiscalizadora, quedó así situado en el centro de una tensión institucional que se había ido acumulando durante meses.
La situación escaló cuando la dirección de RTVE, presidida por José Pablo López, decidió abrir procedimientos disciplinarios por faltas muy graves contra siete de los nueve miembros del Consejo de Informativos de RNE. Las consecuencias potenciales de esos expedientes son considerables: van desde la suspensión de empleo y sueldo hasta el despido. La base jurídica que invocó la corporación fue un informe elaborado por un psicólogo externo contratado por la propia empresa, que calificó los comunicados del Consejo como un patrón de conducta constitutivo de acoso hacia R.M., dado su carácter «reiterado, sistemático y sostenido». Sin embargo, la Comisión Antiacoso interna de RTVE ya había cerrado el asunto previamente y había rechazado elevar informe alguno a la dirección. La empresa externa actuó, en la práctica, como vía alternativa para sortear ese dictamen.
La reacción interna fue inmediata y unánime. Los tres órganos de control que existen en la corporación —el Consejo de Informativos de RNE, el de TVE y el de RTVE— rechazaron en bloque las actuaciones de la dirección y exigieron la suspensión de los expedientes. Este mismo miércoles solicitaron formalmente una reunión con el presidente. La organización internacional Reporteros Sin Fronteras fue más allá y condenó públicamente los hechos, calificándolos de «grave e insólito» episodio: «Expedientar individualmente a los miembros de un órgano que vela por la independencia de un medio público, debido a un supuesto acoso psicológico que la comisión competente ha desestimado, es extraordinariamente preocupante. Vigilaremos de cerca este caso».
Frente a esa presión, la dirección de RTVE publicó este miércoles un comunicado en el que no sólo mantiene su posición, sino que la refuerza con una advertencia explícita. «Nadie, por pertenecer a un órgano de representación, goza de impunidad o inviolabilidad frente a denuncias de acoso de otros compañeros o de mala praxis regulatoria», señala el texto. La corporación argumenta que «no se juzga a un órgano, se investigan conductas individuales» y que los procedimientos «no responden a una decisión arbitraria, sino a la obligación legal de actuar ante denuncias graves», citando la existencia de «dos denuncias formales» por acoso interpuestas por las dos únicas consejeras no expedientadas, ambas vinculadas al Sindicato Independiente, considerado próximo a la dirección.
La tensión jurídica en el núcleo de este conflicto es difícil de ignorar. El artículo 47.c del Estatuto de Información de RTVE establece expresamente que ningún miembro del Consejo de Informativos podrá «ser despedido ni sancionado durante el ejercicio de sus funciones ni dentro del año siguiente a la expiración de su mandato», siempre que el despido o la sanción se base en la acción del trabajador en el ejercicio de su representación. La dirección sostiene que los expedientes no atacan esa función representativa, sino conductas individuales. Los afectados y sus defensores replican que los comunicados cuestionados son, precisamente, el núcleo de esa función representativa.
La corporación ha abierto además una segunda línea de investigación: la Secretaría General ha remitido a la Dirección de Auditoría Interna y Cumplimiento un expediente sobre presuntas «actuaciones irregulares y de mala praxis en el funcionamiento interno del propio órgano», según el comunicado. Se trata, en la práctica, de una investigación sobre el Consejo de Informativos como institución, al margen de los expedientes individuales.
Lo que está en juego trasciende la disputa laboral concreta. Un órgano creado para garantizar la independencia editorial de un medio público financia ahora su propia defensa jurídica frente a la dirección del mismo medio que debería fiscalizar. Esa paradoja estructural —independientemente de los méritos o deméritos de cada parte en el conflicto específico— merece una respuesta institucional que vaya más allá del intercambio de comunicados.