Un procedimiento administrativo que nació con dificultades y que, según la Junta de Castilla y León, no tiene visos de concluir bien. Esa es, en síntesis, la valoración que el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, ha trasladado públicamente sobre el proceso extraordinario de regularización de inmigrantes puesto en marcha por el Gobierno central.
González Gago fue directo en su diagnóstico: el proceso «no ha estado bien orientado desde un principio». No se trata de una crítica menor o coyuntural, sino de un cuestionamiento de fondo que abarca tanto el diseño del procedimiento como su ejecución. El consejero añadió que el resultado final «no va a ser bueno», una afirmación que, lejos de la retórica política habitual, apunta a deficiencias concretas y verificables en la arquitectura burocrática del proceso.
Entre los problemas identificados, González Gago destacó las exigencias documentales impuestas a los solicitantes. Obtener los certificados oficiales requeridos no es un trámite sencillo, especialmente cuando los documentos proceden de países terceros y deben superar el proceso de validación internacional conocido como apostilla. Este requisito, indispensable para acreditar la autenticidad de ciertos documentos, ha generado retrasos e incidencias que han complicado la tramitación para muchos de los afectados. A ello se suma lo que el consejero calificó como plazos «insuficientes» para un procedimiento de esta envergadura y complejidad.
El proceso no solo ha cosechado críticas desde el ámbito autonómico. González Gago subrayó que existen recursos judiciales en curso contra el procedimiento, lo que añade una dimensión de incertidumbre jurídica nada desdeñable. El consejero fue prudente al respecto: habrá que esperar a que los tribunales se pronuncien antes de conocer el alcance definitivo de esas impugnaciones. En un Estado de derecho, ese recordatorio no es baladí.
En cuanto al impacto específico sobre Castilla y León, la Junta reconoció carecer de datos propios sobre el número de personas que han solicitado acogerse a la regularización en su territorio. La razón es estructural: la gestión del proceso corresponde íntegramente al Estado, lo que deja a la administración autonómica en una posición de observadora sin acceso directo a la información. Esta ausencia de datos no es un detalle menor; revela una compartimentación administrativa que dificulta cualquier evaluación rigurosa del impacto territorial de la medida.
Lo que queda en pie, más allá de las valoraciones políticas, es una pregunta legítima sobre la racionalidad del diseño de este proceso. Un procedimiento extraordinario de regularización implica consecuencias jurídicas, sociales y administrativas de primer orden. Cuando los plazos son insuficientes, los requisitos documentales resultan inalcanzables para muchos solicitantes y los tribunales empiezan a recibir recursos, el problema ya no es de gestión: es de concepción.