El Parlamento japonés acaba de aprobar la reforma más ambiciosa de la Ley de la Casa Imperial desde la posguerra, con el objetivo declarado de frenar el progresivo adelgazamiento de la dinastía más longeva del mundo. La medida responde a una preocupación genuina y urgente: en la actualidad, únicamente tres hombres pueden heredar el Trono del Crisantemo — el príncipe Fumihito, hermano del emperador Naruhito; su hijo Hisahito, de diecinueve años; y el anciano príncipe Hitachi, de noventa —, una situación de fragilidad institucional difícilmente sostenible a largo plazo. La solución adoptada, sin embargo, resuelve el problema demográfico de la dinastía sin cuestionar el principio que más debate suscita en la sociedad japonesa: la exclusión de las mujeres de la línea sucesoria.
La nueva legislación introduce dos modificaciones de calado. En primer lugar, permitirá que descendientes varones de las once antiguas ramas colaterales de la familia imperial, que perdieron su condición tras la Segunda Guerra Mundial, puedan ser adoptados e incorporarse de nuevo a la Casa Imperial; sus futuros hijos varones entrarán en la línea de sucesión, reforzando la continuidad dinástica por vía masculina. En segundo lugar, las princesas ya no perderán automáticamente su condición al casarse con un ciudadano sin sangre imperial — como ocurrió en 2021 con la princesa Mako —, sino que conservarán su estatus y podrán seguir desempeñando funciones oficiales tras el matrimonio, lo que contribuirá a mantener una familia imperial más numerosa y a distribuir mejor la creciente carga institucional que soportan sus miembros.
¿Por qué Aiko sigue excluida del trono?
La reforma mantiene intacto el principio que más controversia genera: únicamente los hombres descendientes por línea paterna pueden acceder al trono. Eso significa que la princesa Aiko, única hija del emperador Naruhito y de la emperatriz Masako, continúa excluida de la sucesión pese a ser, con amplia diferencia, el miembro más popular de la nueva generación de la Casa Imperial. La paradoja que resulta de esta arquitectura legal merece atención: si Aiko llegara a tener un hijo varón con alguno de los futuros miembros adoptados procedentes de las antiguas ramas imperiales, ese niño podría aspirar algún día al Trono del Crisantemo, mientras que su propia madre seguiría sin tener ese derecho. Aiko podrá ser princesa toda su vida. Pero nunca emperatriz.
Este resultado no es accidental ni producto de una omisión técnica; es la consecuencia directa de una decisión política consciente. En 2005, una comisión de expertos recomendó permitir la sucesión femenina, propuesta que parecía inminente cuando el entonces príncipe Naruhito solo tenía una hija. El nacimiento del príncipe Hisahito en 2006 frenó cualquier avance en esa dirección, y desde entonces los sectores conservadores han defendido con firmeza la línea sucesoria exclusivamente masculina como elemento constitutivo de la legitimidad histórica de la monarquía. La reforma impulsada por el Gobierno de Sanae Takaichi logra así el delicado equilibrio de garantizar la continuidad dinástica sin alterar ese principio tradicional, una solución que sus defensores presentan como pragmatismo y que sus críticos identifican, con razones fundadas, como una prórroga del problema de fondo.
Las encuestas ofrecen un panorama que contrasta con la opción legislativa adoptada: desde hace años, una amplia mayoría de la sociedad japonesa se muestra favorable a que una mujer pueda ocupar el trono, y la princesa Aiko aparece sistemáticamente como la candidata preferida por la opinión pública, gracias a su formación, su discreción y su creciente protagonismo en los actos institucionales. Que la voluntad mayoritaria de los ciudadanos y la decisión del Parlamento apunten en direcciones opuestas es, en sí mismo, un dato que merece análisis: revela la tensión irresuelta entre una institución que busca perpetuarse y una sociedad que le exige adaptarse. La reforma aprobada compra tiempo para la monarquía japonesa. Lo que no resuelve es la pregunta que Japón tendrá que afrontar tarde o temprano: si la legitimidad de la institución puede sostenerse indefinidamente sobre un principio que la mayoría de sus ciudadanos ya no comparte.