Un plan que avanza a paso de tortuga
El 18 de marzo de 2025, la Mesa del Congreso de los Diputados, presidida por Francina Armengol, aprobó formalmente el I Plan de Parlamento Abierto, un documento articulado en cuatro ejes y 32 medidas concretas con horizonte de ejecución hasta 2027. La presentación fue acompañada del lenguaje habitual en estas ocasiones: compromiso institucional, apertura democrática, rendición de cuentas. Dos años después de que el plan tomara forma, el balance de ejecución publicado por la propia Cámara Baja arroja un resultado que invita a la reflexión: solo 11 de las 32 medidas han sido completadas, lo que significa que el 65% del plan permanece, en mayor o menor medida, sin implementar.
No se trata de un retraso menor ni de un tropiezo técnico puntual. El eje que concentra el mayor número de compromisos —el de transparencia y acceso a la información, con 17 medidas— es precisamente el que peor rendimiento muestra. De esas 17, únicamente seis han sido finalizadas. Las once restantes se distribuyen entre distintos estadios de indefinición: una en fase muy avanzada, seis con avance parcial, tres en estudio preliminar y una que ni siquiera ha sido iniciada.
La medida que ni ha comenzado
Esa medida que no ha registrado ningún progreso merece una atención especial, no solo por su parálisis sino por su origen. Se trata de la mejora en la información pública de los representantes parlamentarios, una propuesta que fue incorporada al plan precisamente a petición ciudadana, a través de un proceso de consulta. Su objetivo era sencillo y legítimo: que la web del Congreso ofreciese fichas individuales de los diputados más completas, con su trayectoria, su actividad parlamentaria, sus posicionamientos identificables, de modo que cualquier ciudadano pudiera formarse un juicio informado sobre quién le representa y qué hace con ese mandato.
El Congreso, en su propio informe de ejecución, reconoce sin ambages el fracaso: «Las primeras aproximaciones a la presentación de la información biográfica de los parlamentarios no han alcanzado aún la entidad necesaria para considerar iniciada su ejecución.» Dicho de otro modo, ni siquiera ha empezado. Que sea precisamente esta medida —la más directamente vinculada al derecho de los ciudadanos a conocer a sus representantes— la única que permanece en punto muerto resulta, cuando menos, significativo.
Lo que sigue pendiente y lo que apenas se estudia
En el escalón inmediatamente superior, el de «estudio preliminar», se encuentran tres compromisos que tampoco han visto la luz. El primero es la publicación accesible y estructurada de las actas de acuerdos de la Mesa del Congreso, un instrumento básico de control sobre el órgano rector de la Cámara. El segundo es la ampliación y mejora del Portal de Datos Abiertos con enfoque en lenguaje claro, que busca hacer la información legislativa comprensible para el ciudadano no especializado. El tercero, quizás el más relevante desde una perspectiva institucional, es la apertura de un Portal de Transparencia de la Junta Electoral Central, organismo que gestiona aspectos esenciales del proceso democrático y cuyo funcionamiento interno permanece hoy escasamente accesible al público.
Entre las seis medidas catalogadas como de «avance parcial» figuran la mejora de la usabilidad y accesibilidad de la página web del Congreso, las mejoras en la publicación de boletines oficiales y diarios de sesiones, y la publicación estructurada de las actas de la Mesa. La única medida de este eje que el Congreso describe como «muy avanzada» es la referida a la transparencia en el manejo de datos personales, aunque tampoco ha sido formalmente concluida.
El resto del plan: luces parciales y un plazo que se estrecha
Los otros tres ejes del plan presentan un panorama más matizado, aunque no sustancialmente mejor. El segundo eje, orientado a impulsar la participación ciudadana, ha completado una de sus seis medidas. El cuarto, dedicado a la sensibilización y la formación cívica, tiene sus dos propuestas avanzadas pero sin cerrar. Es el tercer eje, el de integridad y rendición de cuentas, el que ofrece el mejor balance relativo: cuatro medidas concluidas de un total de siete, entre ellas una guía sobre publicidad de agendas parlamentarias y un protocolo para la gestión de obsequios recibidos por los diputados.
El cómputo global, sin embargo, es difícil de presentar como un éxito. Con 11 medidas completadas a falta de aproximadamente un año para el cierre del plan, el Congreso tendrá que ejecutar la mitad de sus compromisos en un plazo muy ajustado. La institución señala que otras seis medidas están «muy avanzadas», pero esa categoría no equivale a cumplimiento, y en materia de transparencia la distancia entre el anuncio y la implementación efectiva suele ser precisamente donde se pierde la credibilidad.
Lo que el plan no recoge y también importa
Más allá del propio plan, persisten déficits de transparencia que ni siquiera están contemplados en él. El Código de Conducta de las Cortes Generales establece la obligación de que los parlamentarios hagan públicas sus agendas y sus reuniones con lobbies y representantes de intereses empresariales. Sin embargo, dos de cada tres diputados y senadores incumplen sistemáticamente ese requisito, sin que ello haya generado consecuencia institucional alguna.
La transparencia parlamentaria no es un asunto técnico ni burocrático. Es una condición estructural del Estado de derecho y del vínculo de confianza entre los representantes y los representados. Que el Congreso haya asumido formalmente un plan de mejora en este ámbito es un paso positivo; que a menos de un año de su vencimiento dos tercios de las medidas sigan sin cumplirse es un dato que merece ser leído con toda su crudeza, sin eufemismos institucionales que lo suavicen.