En noviembre de 2025, un memorando del Comité de Finanzas del Senado de Estados Unidos puso sobre la mesa una cifra que resulta difícil de ignorar: entre 2002 y 2016, JPMorgan Chase reportó apenas 4,3 millones de dólares en transacciones sospechosas vinculadas a las cuentas de Jeffrey Epstein. Tres años después del arresto del financiero, en 2019, el banco presentó informes adicionales que cubrían más de 1.300 millones de dólares en transferencias. La diferencia no es un error contable. Es, según el senador Ron Wyden, una pauta de conducta institucional que merece una explicación formal.
El escrutinio sobre el mayor banco por activos de Estados Unidos no es nuevo, pero esta investigación senatorial le confiere una dimensión distinta. Wyden ha dirigido sus preguntas directamente a Jamie Dimon, consejero delegado de la entidad, señalando la existencia de correos electrónicos que, a su juicio, contradicen el testimonio jurado del ejecutivo, quien afirmó no haber tenido conocimiento del vínculo del banco con Epstein hasta 2019. Si esa cronología resulta inexacta, las implicaciones legales y reputacionales para Dimon son considerables.
El mecanismo legal en cuestión son los Reportes de Actividad Sospechosa (SARs, por sus siglas en inglés), instrumentos que la normativa federal exige presentar de forma oportuna ante las autoridades competentes cuando se detectan movimientos financieros irregulares. JPMorgan cerró la cuenta de Epstein en 2013, pero esperó seis años —hasta su arresto— para presentar los informes que la ley requería. Esa demora es, precisamente, el núcleo del reproche regulatorio.
Lo que hace este caso especialmente relevante desde una perspectiva de Estado de derecho es que no se trata de una infracción técnica menor. La obligación de reportar transacciones sospechosas existe para que las autoridades puedan actuar con la información necesaria y en el momento oportuno. Cuando una institución financiera de la envergadura de JPMorgan omite o retrasa esos reportes, no solo incumple una norma administrativa: debilita el mecanismo mismo de supervisión sobre el que descansa la confianza en el sistema financiero.
El banco, por su parte, atraviesa este episodio mientras todavía se encontraba en período de libertad condicional derivado de condenas previas relacionadas con irregularidades en sus operaciones de trading. Esa circunstancia añade una capa de complejidad a su posición ante los reguladores y refuerza la pregunta de fondo: ¿en qué medida los mecanismos de supervisión interna y externa han resultado eficaces frente a una entidad de este tamaño e influencia?
La investigación del Senado no ha concluido, y JPMorgan no ha emitido una respuesta pública detallada a las acusaciones de Wyden. Lo que sí queda claro es que las denuncias de informantes —esa figura jurídica que tantas resistencias genera dentro de las grandes corporaciones— han vuelto a demostrar su valor como contrapeso frente al poder institucional. Sin ellas, la brecha entre los 4,3 millones declarados y los 1.300 millones descubiertos podría haber permanecido invisible durante mucho más tiempo.