¿Cuál es el punto de partida del debate?
En menos de un cuarto de siglo, España ha pasado de ser un país de emigrantes a convertirse en el principal motor del crecimiento demográfico de la Unión Europea. Si en 1990 apenas el 2% de la población había nacido en el extranjero, hoy casi uno de cada cinco residentes procede de otro país, y en 2024 España aportó cerca del 43% del incremento demográfico total de la UE. Esta transformación, extraordinaria por su velocidad y su magnitud, ha reavivado un debate que, con frecuencia, se libra más en el terreno de la retórica política que en el de la evidencia empírica: ¿compiten los trabajadores inmigrantes con los nacionales por los mismos empleos y, en consecuencia, reducen sus oportunidades laborales y sus salarios?
La pregunta no es menor. Alimenta discursos populistas de distinto signo y genera una presión política considerable sobre las instituciones. Por eso resulta especialmente relevante que la respuesta no proceda de una tribuna partidista, sino de investigaciones presentadas en el último ciclo sobre Cuestiones estructurales de la economía española, organizado por el Consejo General de Economistas y Fedea, el centro de análisis en el que participan algunas de las principales empresas del país. La evidencia acumulada entre 2005 y 2024 por instituciones como el Banco de España y Fedea ofrece un cuadro considerablemente más matizado y, en muchos aspectos, contraintuitivo.
¿Por qué no compiten inmigrantes y nativos por los mismos puestos?
La clave explicativa reside en un mecanismo que los economistas denominan sustitución imperfecta. En la práctica, significa que los trabajadores inmigrantes y los nativos no suelen disputar las mismas posiciones en el mercado laboral, incluso cuando su nivel educativo formal es comparable. Los trabajadores extranjeros tienden a concentrarse en ocupaciones manuales o rutinarias —hostelería, construcción, agricultura, cuidados— mientras que la población activa nacida en España se desplaza, progresivamente, hacia funciones de mayor valor añadido y mayor responsabilidad. No se trata, por tanto, de un juego de suma cero en el que cada empleo ganado por un inmigrante supone uno perdido para un nativo.
Este desplazamiento hacia arriba en la escala ocupacional tiene consecuencias salariales concretas y positivas para los trabajadores nacionales. A medida que la economía crece gracias al aumento de la mano de obra disponible, se generan más puestos de gestión, supervisión y especialización que tienden a ser ocupados por españoles con mayor antigüedad o dominio del idioma. En este sentido, la inmigración actúa, paradójicamente, como un motor de ascenso profesional para la población nativa, no como un freno. Esta conclusión, sólidamente respaldada por los datos de las últimas dos décadas, merece más atención pública de la que habitualmente recibe.
¿Quién sufre entonces la competencia real?
La situación es, sin embargo, más compleja para la propia población inmigrante. Los analistas son claros al respecto: si existe competencia directa entre trabajadores, ésta se produce entre extranjeros con perfiles similares, no entre inmigrantes y nativos. Ismael Gálvez Iniesta, profesor del Departamento de Economía Aplicada de la Universitat de les Illes Balears, lo expresa con precisión: «Los inmigrantes son sustitutivos entre ellos mismos. Por eso el impacto de la inmigración es nulo o positivo para los nativos, pero suele ser perjudicial para los inmigrantes que ya estaban allí.» Esta distinción es fundamental para cualquier análisis honesto del fenómeno, y su ausencia del debate público resulta llamativa.
La dinámica de protección involuntaria del empleo nativo se hizo especialmente visible durante la crisis de 2008-2014. Según el mismo investigador, la población extranjera actuó como un amortiguador cíclico: cuando la demanda laboral se contrajo, muchos inmigrantes abandonaron el país o se desplazaron hacia otras regiones, reduciendo la sobreoferta de mano de obra y suavizando así la caída de la ocupación y de los salarios entre los trabajadores nacionales. La flexibilidad geográfica de la población inmigrante, en otras palabras, amortigua los efectos de las recesiones sobre quienes tienen mayor arraigo territorial.
¿Cuánto ha contribuido la inmigración al crecimiento económico reciente?
Más allá de la cuestión del empleo, los análisis del Banco de España y Funcas permiten cuantificar la aportación de la inmigración al crecimiento económico agregado. Entre 2022 y 2025, la incorporación de trabajadores extranjeros al mercado laboral aportó alrededor de 1,7 puntos porcentuales al crecimiento medio anual del PIB, que se situó en el 3,7%. Esto significa que cerca de la mitad del crecimiento económico registrado en ese período estuvo vinculado, directa o indirectamente, a la llegada de nueva mano de obra. Una cifra que conviene tener presente cuando se debate sobre política migratoria desde una perspectiva estrictamente económica.
Pilar Cuadrado, especialista en análisis cuantitativo del Banco de España, ha subrayado que «hay una relación positiva entre inmigración y crecimiento económico, así como en el consumo y las finanzas públicas.» Su análisis identifica factores estructurales que explican por qué España resulta un destino atractivo: un mercado laboral dinámico y unos salarios medios sensiblemente superiores a los de muchos países de origen. Según los modelos elaborados por la institución, una diferencia salarial de diez puntos respecto al país de procedencia puede incrementar los flujos migratorios en torno a un 25%, lo que sugiere que la presión demográfica sobre España no es una anomalía coyuntural sino una tendencia estructural de largo recorrido.
¿Es la inmigración una necesidad estructural o una opción política?
Tanto Cuadrado como Gálvez Iniesta coinciden en señalar que la necesidad de mano de obra extranjera no responde a fluctuaciones del ciclo económico, sino al envejecimiento acelerado de la población española. La entrada de personas procedentes del extranjero se ha convertido en la única fuente de crecimiento demográfico del país, y los modelos disponibles confirman que el propio grado de envejecimiento actúa como un factor de atracción autónomo: una economía con una proporción creciente de jubilados y una base menguante de trabajadores jóvenes genera, por sí misma, una demanda sostenida de mano de obra foránea que ninguna política de natalidad puede satisfacer a corto o medio plazo.
Este contexto estructural es el que otorga sentido al debate sobre la regularización extraordinaria actualmente en curso, que ha recibido cerca de 1,2 millones de solicitudes. El argumento económico de fondo es relativamente sencillo: incorporar a más de un millón de personas a la economía formal amplía la base de cotizantes de la Seguridad Social en un momento en que el envejecimiento de la población tensiona el sistema de pensiones. Desde una perspectiva de sostenibilidad fiscal, la regularización no es un acto de generosidad política sino una decisión de racionalidad económica. Otra cuestión, legítima y necesaria, es la del diseño institucional del proceso: los criterios de elegibilidad, los mecanismos de control y la capacidad administrativa del Estado para gestionar un volumen de solicitudes de esa magnitud sin incurrir en arbitrariedad ni colapso burocrático. Ése es el debate que merece la atención que, con demasiada frecuencia, se dedica a la demagogia.