Cada verano, las llamas regresan. Los incendios forestales arrasan miles de hectáreas en España con una intensidad que, según los expertos, no deja de crecer. Y sin embargo, detrás del humo y la ceniza persiste una realidad que rara vez ocupa el centro del debate público: esos mismos bosques que arden representan uno de los recursos naturales más valiosos y subutilizados del país. Una fuente de riqueza que la sociedad española contempla con una mezcla de indiferencia institucional y oportunidad desperdiciada.
La superficie forestal española alcanza el 56% del territorio nacional, unos 28,5 millones de hectáreas según el último Inventario Forestal Nacional, de las cuales el 68% está arbolada. Es una cifra que impresiona. Y sin embargo, solo el 27,7% de esa superficie cuenta con algún instrumento de ordenación aprobado, frente al 94% que registra la media europea según datos de la FAO. La distancia entre ambas cifras no es un matiz técnico: es el retrato de una política forestal que lleva décadas sin articular una estrategia coherente.
Un patrimonio mayoritariamente privado y atomizado
Lo que complica aún más el panorama es la estructura de la propiedad. El 72% de este patrimonio forestal está en manos privadas, fragmentado entre más de 3,5 millones de propietarios, según la Confederación de Organizaciones de Selvicultores de España (COSE). No se trata de grandes latifundios sino, en su mayoría, de minifundios dispersos, especialmente en la mitad norte de la Península. El caso extremo es Galicia, donde la propiedad media no supera las 0,5 hectáreas. Gestionar un territorio tan vasto y tan fraccionado no es sencillo, y las consecuencias de esa dificultad se manifiestan año tras año en los mapas de incendios.
Patricia Gómez, gerente de COSE, lo explica con precisión: «La mayoría de nuestros montes no son rentables. La inversión necesaria para mantenerlos, gestionarlos, aplicar tratamientos selvícolas y extraer madera cuesta más de lo que paga el mercado». Solo determinadas masas forestales con destino industrial claro —choperas, pinares, eucaliptales, sotos de castaños— generan retornos positivos. El resto, deficitario, depende de la voluntad o la capacidad económica de sus propietarios para no caer en el abandono.
Y el abandono tiene consecuencias directas. Cada año, los bosques españoles generan unos 46 millones de metros cúbicos de biomasa forestal nueva. Apenas se aprovecha el 40% de ese crecimiento. El resultado es que cerca de 22 millones de toneladas de biomasa permanecen acumuladas en el territorio, convertidas, en la práctica, en combustible disponible para el próximo incendio.
El coste de no gestionar
Arantza Pérez Oleaga, vicedecana del Colegio Oficial de Ingenieros de Montes, señala una paradoja que debería incomodar a cualquier responsable público: «Se invierten miles de millones de euros en extinción de incendios y restauración de las zonas quemadas, pero muy poco en gestión». Es decir, se gasta en reparar lo que una política preventiva podría haber evitado. Solo se aprovecha el 30% de la madera que crece cada año en los bosques españoles, cuando la media europea ronda el 70%.
Los plazos propios de la actividad forestal agravan la situación. Los ciclos de producción son extraordinariamente largos: entre 15 y 30 años en muchas especies, y hasta 80 en algunas. Eso frena el retorno de la inversión y disuade a propietarios y empresas de comprometerse con planes de gestión a largo plazo. «Deberíamos tener una fiscalidad más justa», sostiene Gómez. «No podemos soportar la misma presión fiscal que sectores con menos riesgos y retornos más cortos».
La Ley 43/2003 de Montes obliga a los propietarios a garantizar una gestión forestal sostenible, pero la norma, sin los instrumentos económicos que la hagan viable, se convierte en una declaración de intenciones.
La madera, mucho más que un tablón
Frente a ese cuadro de recursos infrautilizados, la bioeconomía forestal ofrece un horizonte de oportunidades que va mucho más allá de la imagen tradicional del aserradero. La madera como material estructural en la construcción experimenta un renacimiento impulsado por los objetivos de descarbonización del sector. La madera laminada cruzada permite levantar muros de carga, forjados y cubiertas en edificios de varias plantas. Ya existen construcciones íntegramente en madera o en combinación con otros materiales, y la tendencia no hace sino acelerarse.
Pero la cadena de valor va más lejos. De los bosques se obtienen resinas para adhesivos, barnices y pinturas; setas con valor gastronómico; plantas aromáticas para cosmética; miel; biomasa para generación energética; pellets para calderas de alta eficiencia. Y luego están las innovaciones que están redefiniendo lo que un árbol puede producir: fibras textiles como el lyocell, que empresas como Inditex ya incorporan a sus colecciones; nanocelulosa para paneles de automóviles; madera traslúcida con potencial para sustituir al vidrio y al plástico.
A todo ello se suma el papel de los bosques como sumideros de carbono, lo que los convierte en activos financieros de creciente interés para grandes corporaciones que necesitan compensar sus emisiones. Un servicio ecosistémico que, sin embargo, tampoco tiene hoy mecanismo alguno que compense económicamente al propietario forestal que lo presta.
Innovación desde los laboratorios del monte
El Centro Tecnológico Forestal y de la Madera de la Fundación Cetemas trabaja en soluciones que ilustran el potencial de esta transformación. Su director, Juan Pedro Majada, describe una apuesta por productos de gama alta orientados a mercados con mayor retorno: cerramientos de madera de castaño para ventanas, puertas y pavimentos exteriores, en sustitución de especies tropicales importadas. «Hay mucha tecnología detrás del sector tradicional de la madera», afirma.
Cetemas ha desarrollado también procesos de pirólisis —tratamiento de la madera a 800 grados centígrados sin oxígeno— para obtener biochar, un material con aplicaciones como fertilizante agrícola, corrector de pienso o filtro para depuración de aguas residuales. A través de extracciones hidrotermales de residuos de castaño, el centro ha conseguido taninos con usos en alimentación animal, adhesivos ecológicos y biofertilizantes. Son productos de alto valor añadido que nacen de lo que, sin gestión, sería simplemente biomasa acumulada.
En paralelo, el Centro Tecnológico Eurecat desarrolla en Cataluña, dentro del proyecto Texwoods, fibras de celulosa regenerada a partir de madera forestal. La motivación es clara: las previsiones apuntan a que en 2030 la oferta de algodón no cubrirá la demanda global, mientras la Unión Europea restringe el uso de fibras sintéticas de origen fósil para reducir emisiones y microplásticos. Virginia García, directora de la Unidad Tecnológica de Tejidos Funcionales de Eurecat, explica que los residuos forestales contienen un 40% de celulosa, «un polímero natural renovable con las propiedades de la fibra de algodón». La apuesta es construir un ecosistema industrial que conecte el sector forestal catalán con biorrefinerías capaces de transformar esa celulosa en textil de alto valor, incluidas aplicaciones médicas.
Una estrategia que necesita más que papel
El diagnóstico de los expertos es coincidente: España dispone de los recursos, de la tecnología incipiente y de un marco normativo que reconoce la necesidad de actuar. Lo que falta es voluntad política sostenida y financiación real. «Hay que dotar la Estrategia Forestal Española 2050 de inversión y recursos», reclama Pérez Oleaga. Sin esa dotación, la estrategia es un documento.
Una de las vías más prometedoras para superar la atomización de la propiedad es la agrupación de pequeños propietarios, impulsada por COSE, que permite alcanzar una dimensión suficiente para que la gestión resulte técnica y económicamente viable. Abaratar costes, dar coherencia a las actuaciones selvícolas y obtener mayores rendimientos son los argumentos que sostienen este modelo. No es una solución mágica, pero es una de las pocas que funciona donde se ha aplicado.
Al final, el problema forestal español no es de naturaleza técnica sino de gobernanza. Los instrumentos existen, los conocimientos también, y los mercados —tanto los tradicionales como los emergentes de la bioeconomía— están ahí. Lo que falta es un modelo que alinee los incentivos de los propietarios, la capacidad de la industria transformadora local y una administración dispuesta a planificar en horizontes de décadas, no de legislaturas. Mientras eso no ocurra, cada verano volverá a recordarnos, con llamas, el precio de no gestionar lo que tenemos.