En 2006, cuando el Ministerio de Asuntos Exteriores, la Agencia Española de Cooperación Internacional, la Junta de Andalucía, la Comunidad de Madrid y los ayuntamientos de Madrid y Córdoba firmaron el convenio fundacional de la Casa Árabe, el propósito era ambicioso y razonable: crear un centro de estudios sobre el mundo árabe que sirviera de apoyo a la diplomacia española en la región. Dos décadas después, la institución se aproxima a su vigésimo aniversario en una situación que difícilmente podría resultar más penosa, con un déficit estructural acumulado durante años, un edificio en estado de deterioro grave y una crisis de gobernanza que ha terminado por desencadenar su desalojo de la sede que ocupa desde 2008 en las Escuelas Aguirre de Madrid.
El punto de inflexión llegó en diciembre de 2025, cuando el Tribunal de Cuentas publicó su «Informe de Fiscalización del Consorcio Casa Árabe», un documento de más de ciento cincuenta páginas que analizaba los ejercicios de 2023 y 2024 y cuyas conclusiones resultaron demoledoras. El tribunal constató que en 2023 la institución registró unas pérdidas de 1,08 millones de euros, cifra que se sumaba a los 961.000 euros perdidos en 2022, y que este déficit venía siendo financiado mediante el remanente de tesorería, un recurso que el propio informe describía como «próximo a extinguirse» e insuficiente para cubrir las necesidades económicas del consorcio. La lectura de estas cifras no dejaba margen para la ambigüedad: los ingresos propios de la entidad eran estructuralmente incapaces de sostener su actividad.
El análisis del tribunal precisaba que, pese a que los ingresos de 2023 habían crecido un seis por ciento respecto al año anterior, continuaban siendo insuficientes para cubrir los costes totales. Los gastos de gestión ordinaria ascendieron ese año a 3.159.902 euros, superando en un 51% el importe de los ingresos de gestión ordinaria, mientras que el 73% de los ingresos registrados —1.535.000 euros— procedían de las transferencias de las administraciones consorciadas. Lejos de tratarse de una anomalía reciente, el tribunal señalaba que la «reiteración de las pérdidas» se remontaba a 2012, con cuantías especialmente elevadas hasta 2015, una relativa estabilización entre 2016 y 2020, y una nueva escalada a partir de 2021, año en que Irene Lozano asumió la dirección de la institución.
A los problemas financieros, el informe añadía una dimensión material igualmente preocupante: la «grave» situación del inmueble de las Escuelas Aguirre, con importantes deficiencias en las cubiertas, el tejado, las humedades y el sistema de climatización. En la reunión del Consejo Rector celebrada en diciembre de 2024 se expuso incluso una situación de «riesgo vital» por desprendimiento de cornisas, así como el riesgo de cierre por colapso, lo que exigía acometer obras de consolidación con la «máxima urgencia». El tribunal constataba que este asunto permanecía «no resuelto en la actualidad por falta de acuerdo de las administraciones consorciadas», un ejemplo elocuente de parálisis institucional ante un problema documentado y conocido.
Pocas semanas después de la publicación del informe, en enero de 2026, el Gobierno de la Comunidad de Madrid, presidido por Isabel Díaz Ayuso, anunció su retirada del consorcio, invocando una «reflexión profunda y responsable» motivada por prácticas que la Consejería de Cultura consideraba incompatibles con los principios que deben regir una entidad pública. La salida de la administración regional no hizo sino acelerar la cuenta atrás para la institución, que ya acumulaba el desgaste de años de déficit y la fragilidad de un modelo de financiación excesivamente dependiente de las aportaciones públicas.
El desenlace llegó cuando el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, comunicó al patronato —del que el Ayuntamiento forma parte— la decisión de recuperar el edificio de las Escuelas Aguirre, fijando el 1 de septiembre de 2026 como fecha límite para el desalojo. Almeida justificó la medida con dureza, calificando de «lamentabilísima» la gestión de Lozano y acusándola de haber convertido la Casa Árabe en un «chiringuito» llevado a la «bancarrota». El Ayuntamiento prevé acometer obras urgentes de recuperación y consolidación del inmueble, que previsiblemente se destinará a un uso cultural. El alcalde precisó, no obstante, que el Consistorio está dispuesto a colaborar en la búsqueda de una nueva sede para la institución, aunque descartó de forma explícita ceder cualquier otro edificio municipal.
La respuesta del Ministerio de Asuntos Exteriores no se hizo esperar: fuentes ministeriales tacharon la postura de Almeida de «partidista» y la describieron como un «ataque» a los esfuerzos del Gobierno central por construir «una política exterior de Estado». La acusación, previsible en términos de dialéctica política, elude sin embargo el fondo del asunto: un informe de fiscalización independiente, elaborado por el máximo órgano fiscalizador del Estado, documentó con precisión un modelo institucional que gasta sistemáticamente más de lo que ingresa, depende de transferencias públicas para sobrevivir y no ha sido capaz de acordar ni siquiera las obras urgentes necesarias para garantizar la seguridad del edificio que ocupa. Que este diagnóstico haya tardado veinte años en producir consecuencias dice tanto sobre la institución como sobre quienes la han sostenido.