La tesis es sencilla y merece enunciarse sin rodeos: el Gobierno de Pedro Sánchez ha antepuesto la gestión de su relación con Rabat a cualquier exigencia de transparencia y responsabilidad institucional. La avalancha de nadadores que desbordó la frontera de Ceuta no solo ha revelado las costuras de un dispositivo de seguridad claramente insuficiente, sino que ha desencadenado una guerra sorda entre el Ministerio del Interior y el de Defensa, mientras La Moncloa se empeña en blindar a Mohamed VI de toda crítica.
El delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez, afirmó que las autoridades no tuvieron «ningún tipo de información» hasta que las personas comenzaron a cruzar la frontera. La formulación es políticamente conveniente: al situar el fallo en la inteligencia previa, la responsabilidad recae implícitamente sobre el Centro Nacional de Inteligencia, organismo dependiente del Ministerio de Defensa y que, por su propia naturaleza, no puede responder públicamente. El ministro Fernando Grande-Marlaska reforzó ese encuadre al sostener que «no hay ningún informe» que hubiera podido anticipar lo ocurrido el día 30. Fuentes del entorno de Defensa reaccionaron señalando en dirección contraria: el control directo de las fronteras corresponde al Ministerio del Interior, no a los servicios de inteligencia.
Conviene no perder de vista los hechos concretos. El dispositivo de agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado desplegado en Ceuta ascendía a 696 efectivos antes de la avalancha; solo tras constatar la magnitud del contingente se elevó a 1.042, según reconoció el propio delegado del Gobierno. Los sindicatos policiales denunciaron abiertamente que ese primer dispositivo era insuficiente. La pregunta que nadie en el Ejecutivo ha respondido con precisión es por qué no se reforzó antes, máxime cuando el propio Pedro Sánchez admitió que una sentencia del Tribunal Supremo —que prohíbe las devoluciones en caliente de quienes entran a nado— se había viralizado en redes sociales a través de las mafias. Si el efecto llamada era conocido y se había propagado digitalmente, la omisión de medidas preventivas exige una justificación que el Ejecutivo no ha ofrecido.
El silencio sobre Marruecos, una pauta que se repite
Lo más revelador no es el fallo operativo, sino la deliberada omisión diplomática. Sánchez se limitó el viernes a elogiar que la «interlocución» con el país vecino fue «constante y fluida» durante la jornada del jueves. Marlaska repitió que Marruecos «no es ninguna amenaza» y aplazó cualquier evaluación crítica a un momento futuro indeterminado. Ninguno de los dos respondió a la pregunta esencial: cómo es posible que Rabat no advirtiera —o no quisiera advertir— que decenas de miles de personas se dirigían a la frontera.
Esta actitud no es nueva ni improvisada. Desde el salto masivo de la valla de Ceuta en 2021, precipitado por la crisis diplomática en torno al líder del Frente Polisario, el Gobierno ha cultivado con esmero la relación con Marruecos a cualquier precio. Reconoció la postura de Rabat sobre el Sáhara Occidental para cerrar aquella crisis y obtuvo a cambio el compromiso de reabrir la aduana comercial de Melilla, que Marruecos había clausurado unilateralmente en 2018. Ese compromiso se dilató y en julio de 2025 Rabat volvió a cerrar el paso, sin que el Ejecutivo español le dirigiera reproche alguno. El patrón se extiende incluso al espionaje con el software israelí Pegasus a los teléfonos del propio Sánchez y de varios ministros —entre ellos Marlaska y Margarita Robles—, un asunto que el Gobierno calificó de «ataque externo» sin señalar a ningún responsable, pese a que las fechas coincidían con el salto masivo de 2021.
La implicación de todo esto es incómoda pero necesaria: cuando un gobierno renuncia sistemáticamente a exigir cuentas a un socio exterior, y al mismo tiempo desvía la responsabilidad interna hacia organismos que no pueden defenderse públicamente, no está gestionando una crisis migratoria. Está administrando su propia impunidad. El Estado de derecho y la transparencia institucional que cualquier democracia liberal exige no son compatibles con esa lógica, venga de donde venga.