El doble homicidio ocurrido en la madrugada del pasado lunes en el Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Sevilla no es un accidente ni una tragedia imprevisible. Es la consecuencia lógica y documentada de un abandono institucional que se prolonga durante décadas. Esa es la tesis que sostienen los hechos: un sistema con capacidad para cien internos que alberga 148, con infraestructuras de 1990, con plantillas incompletas y con advertencias formales ignoradas por quienes tenían la obligación de actuar.
Un interno de 26 años presuntamente estranguló a uno de sus compañeros de celda y golpeó mortalmente al otro, de 54 años. La Policía Nacional investiga los hechos. Lo que no requiere investigación es el contexto: el sindicato CSIF lleva tiempo denunciando que la saturación del centro obliga a compartir celda a internos con perfiles psicopatológicos incompatibles. «Se podría haber evitado estas muertes si cada uno hubiera estado en su celda», afirmó José Antonio Montero, delegado de CSIF Prisiones. No es retórica sindical. Es una descripción técnica del problema.
Una plantilla rota y una infraestructura obsoleta
España cuenta con apenas tres instalaciones de psiquiatría penitenciaria: Alicante, Sevilla —ambas bajo la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior— y la unidad psiquiátrica del centro Brians 1, en Cataluña. La escasez de plazas es estructural, y sus efectos se concentran en Sevilla. El centro sevillano atiende mayoritariamente a internos judiciales declarados inimputables que cumplen medidas de seguridad, una población que exige una atención especializada y continua que el sistema no garantiza.
Los datos de personal que facilitan fuentes penitenciarias revelan la magnitud del problema: cinco psiquiatras, cuatro psicólogos, quince enfermeros y dieciocho celadores para 148 internos. Los auxiliares de clínica, los TCAE, son el eslabón más débil. De una plantilla prevista de 24, solo quedan cuatro activos. En abril, la dirección ya notificó a la Subdirección General de Recursos una «situación crítica» con nueve vacantes sin cubrir. La respuesta fue insuficiente. El resultado, dos muertos.
La ratio de vigilancia es igualmente preocupante. Un solo funcionario por módulo en el momento de cualquier incidente, cuando el protocolo razonable exigiría tres o cuatro. Cuando surge un conflicto, ese funcionario debe comunicarlo por walkie-talkie y esperar a que lleguen refuerzos. Ese intervalo de tiempo, en un entorno de alta tensión psiquiátrica, puede ser fatal. Lo fue.
A esto se añade una infraestructura que no ha evolucionado desde su apertura en 1990: sistemas contra incendios anticuados, cámaras deficientes, alarmas obsoletas y puertas que aún se abren con llaves físicas. El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), órgano dependiente del Defensor del Pueblo, documentó todo esto en 2020 y reiteró sus conclusiones en su última visita de 2023. Pedía ampliación de instalaciones, remodelación integral y mejora de condiciones para la rehabilitación. Nada de eso se ha ejecutado.
Proyectos prometidos, presupuestos ausentes
Existe un proyecto de solución: la reconversión del centro penitenciario de Alcalá de Guadaíra en un nuevo hospital psiquiátrico penitenciario. La obra fue licitada en 2023 por 5,8 millones de euros a través de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado (Siepse). El pliego contemplaba unidades diferenciadas por perfil clínico, espacios verdes y módulos específicos para mujeres. Alcalá de Guadaíra cerró en abril de 2024 para iniciar la rehabilitación. A día de hoy, las obras no han concluido y no hay fecha de apertura. Los 148 internos siguen hacinados en el centro que debería haber quedado obsoleto.
El panorama nacional no es más alentador. El proyecto de Siete Aguas, en Valencia, lleva casi dos décadas en el limbo. Está recogido en el Plan de Amortización y Creación de Centros Penitenciarios (PACEP), pero su financiación depende de unos Presupuestos Generales del Estado que no se aprueban. La consecuencia directa es que muchos internos con necesidades psiquiátricas severas permanecen en prisiones ordinarias, sin el tratamiento especializado que requieren, generando tensiones que esos centros tampoco están equipados para gestionar.
El MNP ya señalaba en 2023 una «escasez crónica» de personal de primera línea, sobremedicación, espacios reducidos, ausencia de psicoterapias y aglomeración sistemática. Recomendó establecer una consulta de psicología clínica. La Administración no la aceptó. Tres años después, hay dos cadáveres. La pregunta no es si el sistema falló. La pregunta es cuántas veces más tiene que fallar antes de que alguien en el Ministerio del Interior asuma que esto no es mala suerte, sino política pública negligente.