El pasado 30 de junio se cerró el plazo del proceso de regularización administrativa extraordinaria puesto en marcha por el Gobierno de Pedro Sánchez. Durante los meses en que estuvo abierto, 542 personas migrantes residentes en Avilés presentaron su solicitud de informe de vulnerabilidad ante los Servicios Sociales del Ayuntamiento. De ellas, más del 70% procedían de Latinoamérica, una proporción que refleja con claridad la composición de la población extranjera asentada en la ciudad asturiana.
El mecanismo extraordinario estaba dirigido a dos categorías de personas: quienes hubieran solicitado protección internacional en España antes del 1 de enero de 2026, y quienes se encontraran en situación administrativa irregular habiendo llegado al país también antes de esa fecha. La autorización resultante otorga el derecho a trabajar en cualquier sector y en cualquier punto del territorio nacional durante un periodo de un año.
El papel del Ayuntamiento: empadronamiento e informes de vulnerabilidad
La competencia de los municipios en este proceso se circunscribía a dos funciones concretas: la expedición del certificado de empadronamiento y la emisión del informe de vulnerabilidad, además de la atención informativa a los interesados en las oficinas municipales. Dentro de ese marco, el Ayuntamiento de Avilés articuló un dispositivo específico de refuerzo en sus centros de Servicios Sociales para responder con agilidad a la demanda.
Los cinco centros municipales —El Foco, La Magdalena, El Arbolón, Sabugo y los servicios centrales de la calle Galiana— participaron en el acompañamiento de los solicitantes. El equipo destinado a esta tarea lo integraban tres trabajadores sociales y la responsable del Programa de Inclusión Social, bajo la coordinación de la jefa de sección, actuando también en estrecha coordinación con la Oficina de Atención en materia de Registro.
De las 542 solicitudes recibidas, 302 correspondían a hombres y 240 a mujeres. Finalmente se emitieron 405 informes de vulnerabilidad. Las 137 solicitudes restantes fueron desistidas o archivadas, bien por falta de documentación, bien por incomparecencia a la cita o porque los propios interesados firmaron el desistimiento.
Colombia, Perú y Marruecos, entre los orígenes más frecuentes
El desglose por nacionalidades de los 405 informes emitidos muestra que la comunidad colombiana encabeza con claridad la lista, con 126 solicitudes, el 31% del total. A considerable distancia le sigue Perú, con 56 casos —el 14%—, Paraguay con 35 —el 8,6%— y Brasil con 31 —el 7,6%—. Del continente africano, los países con mayor representación fueron Marruecos, con 23 solicitudes, Argelia con 21 y Senegal con 20.
Estas cifras sitúan a Avilés dentro de la tendencia general registrada en España, donde el proceso extraordinario cerró con 1.174.978 solicitudes en todo el país. Asturias concentró 14.161 de ellas.
Una regularización que convierte a vecinos invisibles en sujetos de derecho
Agustín Medina, concejal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Avilés, valoró el resultado del proceso señalando que la regularización permitirá a muchas personas acceder al mercado laboral y salir de la inseguridad jurídica y social en que vivían. «Muchas personas van a pasar de ser invisibles para el sistema a ser ciudadanos de pleno derecho», afirmó.
Medina subrayó también el esfuerzo institucional desplegado para agilizar los trámites, insistiendo en que detrás de cada expediente hay una persona con nombre, apellidos y un proyecto de vida propio. La observación, aunque de tono político, apunta a una realidad que los datos confirman: la mayoría de quienes solicitaron regularización llevan tiempo integrados en el tejido social y laboral de la ciudad, aunque hasta ahora carecían de reconocimiento formal por parte del Estado.
El proceso ha puesto de manifiesto tanto la capacidad de respuesta de la administración local como la magnitud de una bolsa de irregularidad administrativa que, según los datos nacionales, supera el millón de personas en toda España. La pregunta que queda abierta es qué ocurrirá con quienes, pese a reunir las condiciones, no llegaron a completar el trámite o vieron archivada su solicitud por razones formales.