Lo que ocurrió el martes en la televisión pública húngara no fue un simple cambio de programación. Fue la admisión institucional de algo que llevaba años siendo evidente para cualquier observador independiente: que un medio financiado con dinero público había funcionado, durante más de tres lustros, como aparato de propaganda de un partido político.
El canal M1 suspendió sus emisiones informativas con un mensaje sobre fondo negro que rezaba: «Los medios públicos no deben mentir. ¡Nos disculpamos por haberlo hecho durante muchos años! Los medios públicos se están transformando ahora para ser independientes y creíbles en el futuro.» Simultáneamente, la radio pública Kossuth interrumpía también sus servicios de noticias, dejando paso únicamente a programación cultural. La disculpa, tan inusual como necesaria, sintetiza en pocas líneas el daño que puede infligir a una democracia la captura sistemática de sus instituciones informativas.
La tesis que subyace a este episodio es clara y merece ser enunciada sin rodeos: la concentración del poder mediático en manos de un gobierno que lo utiliza como instrumento electoral no es un rasgo menor de un régimen autoritario, sino su columna vertebral. Viktor Orbán lo entendió perfectamente desde que llegó al poder en 2010. Durante los dieciséis años de sus gobiernos, los medios públicos húngaros no invitaron a debatir a la oposición, no cubrieron sus actos de campaña y, según el propio comunicado de la nueva dirección, actuaron como correa de transmisión de los mensajes del partido gobernante, Fidesz. En las elecciones de abril pasado, Péter Magyar —candidato favorito según todos los sondeos y líder del partido Tisza— no fue entrevistado ni una sola vez en los medios públicos que, en teoría, debían servir a todos los ciudadanos.
Una reforma institucional que llega con urgencia y con riesgos
El nuevo primer ministro Magyar anunció esta ruptura antes incluso de ganar las elecciones con mayoría absoluta, lo que convierte la medida en una promesa cumplida con rapidez notable. La nueva dirección interina, nombrada el mismo martes, queda encargada de revisar el funcionamiento de los medios estatales y de preparar el terreno para una nueva ley de medios cuya aprobación se espera para el otoño. Zsófia Mészáros asume la dirección de los servicios informativos online, Balázs Bodacz la dirección informativa general, y György Kerényi la Radio Húngara. Son nombramientos provisionales, pero su mandato es político en el mejor sentido del término: restituir la credibilidad de unas instituciones que la habían perdido por completo.
Conviene, no obstante, mantener una mirada crítica. La historia de los medios públicos europeos enseña que el problema no es solo quién los controla en un momento dado, sino qué mecanismos estructurales garantizan su independencia frente a cualquier gobierno, incluido el que hoy se presenta como reformador. El Gobierno de Magyar ya destituyó hace cinco días al director del Consejo de Medios, András Koltay, figura nombrada bajo la égida de Fidesz. El gesto es comprensible, pero la nueva ley de medios que se elabore este otoño será la verdadera prueba: si establece un organismo de control genuinamente independiente, con mandatos no coincidentes con los ciclos electorales y con mecanismos de rendición de cuentas robustos, Hungría habrá dado un paso real hacia la normalización democrática. Si, por el contrario, el nuevo marco legal simplemente sustituye una lealtad partidista por otra, el mensaje del fondo negro habrá sido retórica, no reforma.
Lo que sí resulta incuestionable es el valor simbólico del momento. Que una institución pública reconozca públicamente haber mentido durante años —sin eufemismos, sin tecnicismos, con esa transparencia descarnada— es un acto de higiene democrática infrecuente. La ley de medios que Orbán impulsó en 2011, conocida como la ‘ley mordaza’, fue criticada por la Comisión Europea y por organizaciones de defensa de la libertad de prensa precisamente porque creaba un Consejo de Medios poblado de leales al partido gobernante. Que esa arquitectura normativa haya tardado quince años en desmantelarse dice mucho sobre la resistencia que los populismos generan una vez enquistados en el Estado. Y dice también algo sobre la importancia de no subestimarlos cuando aún están en fase ascendente.
El caso húngaro no es una curiosidad centroeuropea. Es un recordatorio de lo que está en juego cuando se abandona la vigilancia sobre la independencia de los medios públicos, cuando se normaliza la propaganda como forma de gobierno y cuando el pluralismo informativo se sacrifica en el altar de la lealtad partidista. La disculpa emitida desde una pantalla en negro en Budapest no cierra una herida; la abre para que pueda, por fin, cicatrizar.