El Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia falla contra la orden ejecutiva de Trump que excluye a personas trans de las Fuerzas Armadas
El Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia declaró este lunes ilegal la prohibición impuesta por el presidente Donald Trump que impide a personas transgénero servir en las Fuerzas Armadas estadounidenses. El tribunal ratificó en gran medida un fallo previo dictado en marzo de 2025 por una jueza federal de Washington, que ya había concluido que la orden ejecutiva vulneraba los derechos constitucionales de los afectados.
En su resolución, el tribunal califica la política militar impugnada de «arbitraria» y motivada por «animosidad» hacia un colectivo específico, dos criterios que, en la jurisprudencia constitucional estadounidense, son determinantes para invalidar una norma gubernamental.
Una orden ejecutiva firmada a los siete días de asumir el cargo
Trump firmó la orden el 27 de enero de 2025, apenas una semana después de iniciar su segundo mandato. El texto ordenaba al Departamento de Defensa excluir a las personas trans de las filas militares, con excepciones limitadas, y argumentaba que identificarse con un género distinto al asignado al nacer «entra en conflicto con el compromiso de un soldado con un estilo de vida honorable, veraz y disciplinado».
La medida fue recurrida de inmediato por asociaciones de derechos humanos, que iniciaron una batalla legal que este fallo prolonga, pero no concluye.
El fallo no es ejecutivo de forma inmediata
La resolución del lunes no tiene efecto inmediato: la administración republicana conserva el derecho a solicitar que el pleno del tribunal escuche el caso antes de que la sentencia pueda aplicarse.
Además, el Tribunal Supremo ya autorizó en su momento la aplicación provisional de la orden ejecutiva mientras se resuelven los recursos en instancias inferiores, y aún no se ha pronunciado sobre el fondo del asunto ni sobre su constitucionalidad.
Un debate jurídico lejos de cerrarse
Este fallo representa un paso relevante, pero no definitivo, en un litigio que probablemente alcanzará al Tribunal Supremo. La cuestión de fondo —si el Estado puede excluir a ciudadanos de las Fuerzas Armadas en función de su identidad de género— permanece sin resolución firme.
Lo que sí queda acreditado, por ahora, es que al menos dos instancias judiciales han considerado que la política de la Casa Blanca carece de una justificación racional suficiente y responde a un criterio discriminatorio, lo que la sitúa en terreno constitucionalmente frágil.