Bruselas replantea su estrategia de semiconductores apostando por compras públicas a empresas emergentes europeas
La Unión Europea prepara una segunda versión de su Ley de Chips con un giro significativo: en lugar de subsidiar la construcción de grandes fábricas, Bruselas quiere estimular la demanda interna de semiconductores fabricados en Europa, incluyendo compras directas por parte de los gobiernos a startups locales. La responsable de Tecnología del bloque, Henna Virkkunen, presentó esta semana los planes generales que complementan la legislación original aprobada en 2022.
El fracaso del enfoque anterior
La Ley de Chips de 2022 fijó como objetivo que Europa duplicara su cuota de producción mundial de semiconductores, del 10% al 20% para 2030. Tres años después, ese objetivo se antoja inalcanzable. El modelo elegido —atraer a grandes fabricantes como Intel o TSMC mediante subvenciones para que construyeran instalaciones en suelo europeo— no ha dado los resultados esperados.
El ejemplo más elocuente es la cancelación, en julio de 2024, de las dos megafabs que Intel tenía previsto construir en Alemania. La decisión respondió en parte a dificultades financieras de la compañía, pero también reflejó una realidad incómoda: no había suficientes clientes europeos dispuestos a comprar los chips de última generación que esas instalaciones habrían producido.
El nuevo enfoque: crear demanda antes que oferta
Según un borrador filtrado a Reuters, la denominada Ley de Chips 2.0 pivota hacia el lado de la demanda. La lógica es sencilla: sin compradores locales de semiconductores avanzados, construir fábricas en Europa carece de sentido económico. Canalizar dinero público hacia startups de chips punteros podría generar ese ecosistema de clientes, aunque su impacto real está por demostrar.
El cambio de enfoque implica también revisar cómo se distribuyen las ayudas. La comparación con Estados Unidos resulta ilustrativa: la Ley Chips y Ciencia estadounidense de 2022 movilizó 39.000 millones de dólares en financiación federal centralizada, más un crédito fiscal a la inversión del 25%. Europa, en cambio, prometió 43.000 millones de euros procedentes de fuentes dispersas —fondos redirigidos de otros programas comunitarios y aportaciones voluntarias de los Estados miembro—, con la Comisión como árbitro de las propuestas.
Racionalizar ese proceso sería conveniente, pero las limitaciones políticas de Bruselas lo convierten en un reto mayúsculo. La fragmentación presupuestaria y la soberanía de los Estados miembro en materia fiscal no desaparecerán por decreto.
Las fortalezas reales del sector europeo
Más allá del debate sobre las fábricas, Europa mantiene posiciones de liderazgo en segmentos críticos de la cadena de valor de los semiconductores. ASML, la empresa cotizada más valiosa del bloque, fabrica las máquinas de litografía imprescindibles para producir prácticamente todos los chips avanzados del mundo. Sus compatriotas neerlandesas Besi y ASM International dominan nichos esenciales en el ensamblaje y la fabricación de semiconductores.
A ellas se suman Infineon Technologies, alemana, especializada en semiconductores de potencia para la gestión energética de centros de datos, y la francesa Soitec, que produce los materiales base sobre los que se construyen los chips. Son actores discretos pero estratégicamente indispensables.
Una política industrial con margen de error limitado
La pregunta de fondo es si la Comisión Europea tiene capacidad real para impulsar la innovación empresarial a escala. Su historial en este terreno no invita al optimismo. Las políticas industriales dirigidas desde arriba han tendido históricamente a beneficiar a los actores establecidos más que a los innovadores emergentes.
Si la Ley de Chips 2.0 resulta tan poco efectiva como su predecesora, Europa podrá consolarse con que su industria de equipamiento y materiales sigue siendo imprescindible para cualquier cadena de producción de semiconductores avanzados en el mundo. No es la posición de liderazgo que Bruselas ambiciona, pero es una base sólida sobre la que construir —siempre que las políticas públicas no la distorsionen en nombre de objetivos inalcanzables.