La propuesta de ERC, Junts, Podemos, BNG y Compromís supera el primer trámite con 178 votos a favor y 171 en contra, con el respaldo determinante del PSOE
El Congreso de los Diputados aprobó este martes, en primera lectura, una reforma del Reglamento de la Cámara que reduce los umbrales exigidos a los partidos para constituir grupo parlamentario propio. La iniciativa, impulsada por ERC, Junts, Podemos, BNG y Compromís, obtuvo 178 votos a favor y 171 en contra, gracias al apoyo del PSOE. La reforma afectará directamente a la configuración del Parlamento que resulte de las próximas elecciones generales.
Qué cambia y qué está en juego
La normativa vigente exige un mínimo de 15 diputados para formar grupo parlamentario. También pueden constituirlo quienes hayan obtenido al menos cinco escaños y el 15% de los votos en las circunscripciones donde presentaron candidatura, o el 5% del total nacional.
La propuesta aprobada en consideración rebaja esos porcentajes: bastará con el 10% del voto en las circunscripciones donde el partido se haya presentado, o el 3% en el conjunto del país. Contar con grupo propio implica mayores recursos materiales y económicos, así como una capacidad de iniciativa parlamentaria notablemente superior.
El PSOE defiende «claridad y transparencia»
El portavoz socialista, Joaquín Martínez Salmerón, justificó el respaldo del PSOE recordando que el PP ha recurrido en el pasado al préstamo de diputados a formaciones minoritarias para que pudieran formar grupo. Según Martínez Salmerón, la reforma establece reglas «claras y transparentes«.
«La fragmentación política no la provoca el reglamento; la decide la ciudadanía cuando vota en libertad«, afirmó. «La obligación de esta Cámara no es corregirla, sino asumirla y respetarla», añadió.
El argumento es formalmente coherente con principios de pluralismo democrático. Sin embargo, resulta difícil ignorar que los principales beneficiarios de la reforma son precisamente los partidos que sostienen la mayoría de investidura del Gobierno.
PP y Vox denuncian un «chantaje» en el tramo final de la legislatura
El diputado del PP José Antonio Bermúdez calificó la iniciativa de nuevo «chantaje» de los aliados del Gobierno, orientado a obtener «privilegios» y a adaptar las reglas del juego a sus «intereses partidistas«, anticipando una posible pérdida de representación en futuras citas electorales.
Bermúdez aportó un dato relevante: los cuatro grupos principales, que aglutinan el 91% de los diputados, consumen menos tiempo de intervención en el hemiciclo que los grupos minoritarios, que representan el 9% restante. Desde esa perspectiva, sostuvo que la reforma no es ni «proporcional ni democrática«.
El portavoz de Vox, Ignacio Gil Lázaro, fue en la misma línea y acusó a los socios del Gobierno de aprovechar otra «ventana de oportunidad» ante un presidente «más necesitado que nunca» de su apoyo.
Los promotores invocan la pluralidad territorial
El diputado de Podemos Javier Sánchez Serna defendió que la reforma «reduce la distancia entre la realidad del Parlamento y la realidad de la calle», al permitir que formaciones con apoyo «significativo«, ya sea concentrado territorialmente o distribuido por todo el país, puedan tener representación orgánica en la Cámara.
Compromís y el BNG subrayaron que la iniciativa amplía derechos y garantías para las «fuerzas soberanistas«. El PNV, por su parte, la respaldó al considerar que refleja la «pluralidad ideológica» del Estado.
Una reforma que llega en el momento oportuno para sus impulsores
Más allá de los argumentos de principio, el contexto político es inequívoco: la reforma se tramita en el tramo final de una legislatura en la que el Gobierno depende de una mayoría fragmentada, y beneficia directamente a los partidos que la sostienen. La racionalidad institucional aconseja evaluar las reformas del reglamento parlamentario con independencia de quién las promueva y en qué momento lo hace. Esa independencia de criterio es precisamente la que ha brillado por su ausencia en este debate.