La justicia federal estadounidense ha ordenado suspender temporalmente la fusión entre Paramount y Warner Bros. Discovery. La decisión, adoptada este lunes, llega en un momento paradójico: el propio Departamento de Justicia había dado luz verde a la operación en junio. Ahora, una coalición de doce estados la impugna ante los tribunales.
La jueza del Distrito Norte de California, Araceli Martínez-Olguín, ha emitido una orden de restricción que impide cerrar la transacción durante al menos catorce días y ha convocado a ambas partes a una audiencia el próximo 3 de agosto. La orden prohíbe expresamente a los demandados «cerrar o consumar cualquier medida directa o indirecta para integrar o consolidar sus operaciones», y se extiende a todos sus agentes, abogados y empleados implicados en el proceso.
La demanda, liderada por California y Nueva York y suscrita también por Arizona, Colorado, Connecticut, Massachusetts, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Oregón y Washington, argumenta que la fusión viola la ley federal antimonopolio de 1914 al reducir sustancialmente la competencia.
La contradicción institucional es llamativa. El Departamento de Justicia no solo aprobó la compra en junio, sino que llegó a sugerir que la fusión podría aumentar la competencia al reforzar la capacidad de la empresa combinada para rivalizar con los grandes actores del streaming y los medios digitales. Que doce fiscales generales estatales impugnen ahora lo que el gobierno federal ya bendijo revela una tensión real en el sistema regulatorio estadounidense, no un simple trámite judicial.
La operación afronta además otro obstáculo de calado: la Unión Europea todavía no ha completado su revisión del acuerdo. El desenlace de la audiencia del 3 de agosto y la posición de Bruselas determinarán si esta fusión, que redefiniría el mapa del entretenimiento global, llega a materializarse.