Berlín firma un pacto con el régimen talibán para incrementar las repatriaciones de afganos condenados por delitos graves
El Gobierno alemán de Friedrich Merz ha cerrado un acuerdo con los talibanes para intensificar las deportaciones de ciudadanos afganos, con una capacidad de hasta tres vuelos chárter mensuales. Como contrapartida, Berlín permitirá la entrada en su territorio de hasta cuatro funcionarios consulares talibanes para verificar identidades y expedir documentos de viaje.
Un acuerdo negociado en secreto
Las negociaciones se desarrollaron de forma reservada, pese a la participación de representantes del Ministerio del Interior alemán. El pacto, cerrado la semana pasada, contempla un aumento sustancial de las repatriaciones, complementario a las deportaciones individuales que ya se realizan en vuelos comerciales.
Un portavoz del Ministerio de Exteriores alemán describió el resultado como «satisfactorio» y explicó que el incremento de las repatriaciones exige verificar más identidades y expedir más pasaportes. «Para hacer posible precisamente lo que nos hemos fijado como objetivo, será necesario que más funcionarios consulares colaboren en esta labor», señaló.
Los nuevos diplomáticos talibanes —»no más de cuatro», según el mismo portavoz— llegarán «en los próximos días» y se sumarán a otros dos trabajadores consulares del mismo régimen que ya se encuentran en Alemania desde el pasado verano. El Gobierno federal asegura que cada entrada será sometida a «un examen minucioso» que tendrá en cuenta consideraciones de seguridad y orden público.
El contexto: presión creciente y una deportación cancelada
La presión sobre Berlín se había intensificado en las últimas semanas tras la cancelación, a instancias de los propios talibanes, de una deportación colectiva prevista para finales de mayo. El régimen de Kabul acusó entonces a las autoridades alemanas de escasa disposición al diálogo y exigió el acceso de más personal diplomático propio al territorio alemán, condición a la que el Gobierno federal ha terminado accediendo.
En agosto de 2024, Alemania ya había retomado las deportaciones a Afganistán por primera vez desde la toma del poder por los talibanes tres años antes, con el traslado de 28 hombres a Kabul mediante la mediación de Qatar. La semana pasada, un vuelo chárter partió de Leipzig con 32 afganos a bordo, entre ellos personas condenadas por violación, homicidio, abuso sexual de menores, tráfico de drogas y extorsión con violencia, según informó el Ministerio del Interior.
Críticas desde organizaciones de derechos humanos y la oposición
El acuerdo ha generado una reacción crítica inmediata. La organización ProAsyl ha exigido la suspensión inmediata de las deportaciones y acusa al Gobierno federal de normalizar, a cambio de un pacto de repatriación, a un régimen condenado internacionalmente que priva a las mujeres de sus derechos fundamentales y persigue sistemáticamente a la disidencia.
Desde el ámbito político, el partido Die Linke denuncia que Berlín ha dejado «completamente de lado» las consideraciones en materia de derechos humanos con tal de aumentar el número de expulsiones. Los talibanes acumulan un largo historial de violaciones de derechos humanos, particularmente graves en el caso de las mujeres, sometidas a una estricta interpretación de la ley islámica.
El Gobierno de Merz, por su parte, defiende que el acuerdo de coalición entre conservadores y socialdemócratas ya establecía la realización de repatriaciones a Afganistán, y que las medidas adoptadas no hacen sino cumplir ese mandato.
Cifras y alcance de las deportaciones
Según datos oficiales, cerca de 450.000 afganos residen actualmente en Alemania, en su mayoría hombres. El diario Bild Zeitung cifra en al menos 100 los delincuentes afganos en situación de expulsión ejecutable que se encuentran en prisión ordinaria o en centros de internamiento previos a la deportación.
La gestión operativa recae sobre los estados federados, responsables de inscribir a los candidatos para los vuelos, mientras que la Policía Federal se encarga de la ejecución de los traslados. Una portavoz del Ministerio del Interior precisó que la prioridad son «los delincuentes y las personas que suponen un peligro», aunque rehusó aclarar si las deportaciones se extenderán también a quienes tienen obligación administrativa de abandonar el país sin haber cometido ningún delito.
Berlín se niega a fijar una cifra concreta de expulsiones y se limita a recordar la posibilidad de organizar hasta tres vuelos chárter mensuales, además de las deportaciones individuales en vuelos comerciales regulares.