El caso Koldo: cuando el corruptor sale mejor parado que el corrompido
El juicio contra José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama ha quedado visto para sentencia con un resultado que plantea una pregunta incómoda: ¿está el sistema judicial español premiando a quienes corrompen a costa de quienes se dejaron corromper?
Una disparidad llamativa en las peticiones de condena
Las acusaciones solicitan 24 años de prisión para el exministro Ábalos y 19 años y medio para su asesor Koldo García. Ambos aguardan la decisión del Tribunal Supremo desde sus celdas en Soto del Real.
Víctor de Aldama, el empresario comisionista que articuló el entramado de las mascarillas, afronta una situación radicalmente distinta. La Fiscalía solicita para él apenas siete años; la acusación popular liderada por el PP, cinco. Al distribuirse esa pena entre varios delitos, podría no llegar a ingresar en prisión. Desde noviembre de 2024, Aldama permanece en libertad tras haber pasado únicamente 42 días en prisión preventiva.
La figura del colaborador: útil, pero con límites
La cooperación con la justicia a cambio de rebajas de condena es una herramienta procesal legítima y conocida. Lo que resulta más difícil de sostener es que esa cooperación haya sido, en este caso, ni completa ni desinteresada.
La Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE), personada en el procedimiento como acusación popular junto al PP, ha cuestionado expresamente la rebaja solicitada. Su argumento es preciso: no cabe premiar una confesión que consideran interesada e insuficiente, carente en numerosas ocasiones de pruebas que la respaldaran.
Las declaraciones de Aldama incluyeron acusaciones contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sin sustento probatorio. El propio Fiscal Anticorrupción, Alejandro Luzón, encargado del caso, calificó esas imputaciones de «notable desahogo» y dejó constancia expresa de que Sánchez no tenía vinculación con los hechos ni era «el número uno» de la organización. Las acusaciones sin fundamento no solo distrajeron recursos investigadores, sino que enturbiaron el esclarecimiento del caso.
El PP, entre la acusación y el premio al colaborador
Resulta llamativo que el Partido Popular, que ejerce la acusación popular en este procedimiento, solicite para Aldama una pena inferior incluso a la de la Fiscalía. El mismo partido que ha convertido el caso Koldo en uno de sus principales instrumentos de desgaste político al Gobierno solicita, en sede judicial, la condena más benévola para el empresario corruptor.
Esta contradicción merece ser señalada sin ambages: instrumentalizar políticamente un caso de corrupción y al mismo tiempo abogar por la menor condena posible para quien la protagonizó no es coherente con un discurso de regeneración democrática.
Un mensaje peligroso para la lucha anticorrupción
Si la sentencia confirma dos décadas de cárcel para Ábalos mientras Aldama elude el ingreso en prisión, el mensaje institucional será nítido y preocupante: corromper es menos arriesgado que dejarse corromper.
No es una cuestión nueva. Los grandes entramados de corrupción empresarial han tendido históricamente a encapsular la responsabilidad penal en un directivo aislado, dejando intactas las estructuras que financiaron y organizaron la corrupción. El caso Aldama podría convertirse en un símbolo de ese patrón.
Premiar la colaboración con la justicia es un instrumento razonable cuando esa colaboración es genuina, proporcional y verificable. Lo que no puede aceptarse sin debate es que la recompensa sea tan generosa que diluya la responsabilidad del corruptor hasta hacerla casi irrelevante. Una política criminal que persiga solo a los corrompidos y no a quienes corrompen no combate la corrupción: simplemente redistribuye sus consecuencias.