El Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional ha concedido una prórroga significativa a los acusados en el caso BBVA-Villarejo, ampliando hasta el próximo 5 de noviembre el plazo para que presenten sus escritos de defensa. La decisión, adoptada mediante una diligencia de ordenación firmada este jueves por la letrada de la Administración de Justicia, responde a las quejas formuladas por las defensas, que alertaron de que no tenían acceso completo a la documentación incorporada al sumario. El magistrado Antonio Piña ha justificado la medida ponderando, en sus propios términos, «la complejidad de la causa y la necesidad de salvaguarda del derecho de defensa», sin perder de vista la obligación de evitar dilaciones indebidas en un procedimiento que ya acumula años de instrucción.
El punto de partida de esta nueva fase procesal fue el auto de apertura de juicio oral dictado el pasado 9 de julio, en el que el juez Piña recogió las peticiones de pena formuladas por las acusaciones y abrió el trámite para que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional fije fecha de juicio. En ese mismo auto, el magistrado había concedido un plazo inicial de diez días para la presentación de los escritos de defensa, un margen que las defensas consideraron manifiestamente insuficiente dada la envergadura del procedimiento. Los abogados del BBVA, del expresidente Francisco González, del exconsejero delegado Ángel Cano, de varios directivos acusados y del expolicía Antonio Bonilla solicitaron que ese plazo no comenzara a correr hasta que se subsanara el problema de acceso documental, y reclamaron una extensión de hasta noventa días hábiles. El juez no ha llegado tan lejos, pero sí ha estimado que el tiempo concedido hasta noviembre resulta suficiente para articular las estrategias defensivas y proponer las pruebas pertinentes, entre ellas la proposición de testigos y la reproducción de documentos.
El banco, que comparecerá en el banquillo como persona jurídica, es la única empresa del Ibex 35 vinculada al caso Villarejo que afrontará un juicio oral, y lo hará acusada de cohecho y de cincuenta y dos delitos de descubrimiento y revelación de secretos. La Fiscalía Anticorrupción, que ha llevado el peso de la acusación pública desde el inicio de la investigación, solicita para la entidad una multa de 181,1 millones de euros. El magistrado instructor Manuel García Castellón, ya jubilado, y los fiscales concluyeron que el sistema de cumplimiento normativo del banco no funcionó correctamente, al dejar fuera de todo control la actuación de la presidencia ejecutiva y la alta dirección en relación con los encargos realizados a Villarejo durante más de una década.
La figura más prominente entre los acusados individuales es Francisco González, a quien se le atribuye haber ordenado la contratación del comisario jubilado. El expresidente del BBVA se enfrenta a cargos de cohecho activo y pasivo, cuarenta y dos delitos de descubrimiento y revelación de secretos, grupo criminal, administración desleal y falsedad documental, por los que el Ministerio Fiscal solicita una pena de 173 años de prisión. Junto a él comparecerán otros siete exdirectivos de la entidad: Ángel Cano, consejero delegado en la época de los hechos; Julio Corrochano, exjefe de Seguridad Corporativa y señalado como el enlace operativo entre BBVA y Villarejo; Antonio Béjar, exresponsable de riesgos y expresidente de Distrito Castellana Norte; Eduardo Arbizu, máximo responsable del departamento de Regulación y Control Interno; José Manuel García Crespo, antiguo responsable jurídico; el magistrado Eduardo Ortega, exdirector de los servicios jurídicos; y Joaquín Gortari, quien fuera jefe de gabinete de González y responsable global de Auditoría Interna.
La lista de acusados se completa con Óscar Santos Touche, empleado del banco que supuestamente mantuvo la relación con el entorno de Villarejo hasta 2018, cuando el comisario ya se encontraba en prisión provisional. En el ámbito policial y asociado, el juez señala que serán juzgados el abogado Rafael Redondo, socio de Villarejo en el Grupo Cenyt, entramado empresarial desde el que se ejecutaron los trabajos de investigación; el expolicía Antonio Bonilla; José Santiago Sánchez Aparicio, ex comisario general de la Policía Judicial; Manuel Vázquez López, ex comisario jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional; y un agente en activo. La prórroga concedida por el juez Piña no altera el fondo de un caso que, por su magnitud institucional y la relevancia de los implicados, constituye uno de los procedimientos penales más complejos que ha afrontado la Audiencia Nacional en los últimos años, y cuya vista oral seguirá sin fecha confirmada hasta que la Sala de lo Penal encuentre hueco en su agenda.