Una mujer rusa de 59 años, residente en Sevilla desde 2014, falleció esta semana víctima de un golpe de calor tras una exposición prolongada a altas temperaturas en la vía pública. Es la tercera muerte registrada en la provincia de Sevilla en apenas siete días, y la cuarta en Andalucía desde el inicio del verano. La tesis que estos datos imponen es incómoda pero necesaria: cuando las muertes se acumulan con esta cadencia, el problema deja de ser meteorológico para convertirse en un problema de gestión pública y de coherencia institucional.
Lo que resulta particularmente significativo en este caso es que la víctima no figuraba entre los grupos de riesgo contemplados por el Protocolo Andaluz de Coordinación frente a los Efectos de las Temperaturas Excesivas sobre la Salud 2026, el marco normativo que la Junta de Andalucía mantiene activo desde el 15 de mayo hasta el 30 de septiembre. Es decir, una persona de mediana edad, sin patologías previas identificadas, murió en la calle por calor en una ciudad española en pleno siglo XXI. Eso no es una anomalía estadística; es una señal de que los criterios de vulnerabilidad que orientan la intervención pública pueden estar quedándose cortos frente a la realidad de las temperaturas que se registran hoy.
El protocolo, en su diseño, no carece de lógica. Se apoya en la predicción de olas de calor a partir de los datos de la Agencia Estatal de Meteorología, establece niveles de alerta graduados según el riesgo térmico e identifica poblaciones diana: mayores de 65 años, enfermos crónicos, menores de cuatro años, personas que toman medicación que interfiere con la termorregulación, quienes viven solos o en situación de exclusión, y trabajadores expuestos a ambientes calurosos. Es un esquema razonable. El problema es que la realidad desborda los esquemas razonables cuando las temperaturas alcanzan umbrales que hace dos décadas habrían sido considerados excepcionales y que hoy se repiten con inquietante regularidad.
Los datos agregados de esta temporada en Andalucía ilustran la dimensión del fenómeno: más de 1.081 urgencias por patologías relacionadas con el calor, 18 casos de golpe de calor que requirieron hospitalización —diez de ellos aún ingresados en el momento de redactar estas líneas—, y cuatro fallecidos confirmados. A esas cifras hay que añadir las que ofrece el sistema de monitorización MoMo, que estima en 171 las muertes atribuibles al calor en Andalucía desde el inicio de la temporada, y en 1.556 las registradas en el conjunto de España, una cifra que incluye tanto a personas con patologías previas como a víctimas que, en otras condiciones climáticas, habrían sobrevivido.
Ante este panorama, las recomendaciones sanitarias habituales —evitar la exposición solar en las horas centrales, hidratarse, usar ropa ligera, proteger a lactantes— resultan necesarias pero insuficientes como respuesta institucional. Son consejos dirigidos al individuo que desplazan implícitamente la responsabilidad hacia quien sufre el calor, sin interrogar con suficiente rigor las condiciones estructurales que lo hacen vulnerable: la ausencia de espacios de refrigeración accesibles, la precariedad laboral que obliga a trabajar al sol, la soledad de quienes no tienen a nadie que compruebe su estado en una tarde de julio.
La muerte del miércoles —un hombre de 48 años que se desvaneció en la calle mientras trabajaba— y la de esta mujer de 59 años que no encajaba en ninguna categoría de riesgo oficial comparten algo esencial: ambas se produjeron en el espacio público, en una ciudad con un protocolo activo, durante una ola de calor declarada. Esa coincidencia debería bastar para abrir un debate serio, sin alarmismo pero también sin autocomplacencia, sobre si los instrumentos de que dispone la administración están calibrados para la magnitud del desafío que ya tenemos encima, no para el que podría llegar.
El calor extremo ha dejado de ser una emergencia ocasional. Tratarlo como tal es, a estas alturas, una forma de no verlo.