La respuesta del presidente del Gobierno a los sindicatos médicos que le pedían intervención directa en el conflicto del Estatuto Marco no ha resuelto nada: ha confirmado, en cambio, que Pedro Sánchez no tiene intención de asumir personalmente un problema que él mismo contribuyó a crear. La tesis es sencilla y los hechos la sostienen con claridad: el Ejecutivo ha optado por la evasión institucional en lugar del diálogo, y lo ha hecho en un momento en que más de tres millones de intervenciones y consultas han sido canceladas o pospuestas como consecuencia de las huelgas médicas.
El comité de huelga —integrado por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), el Sindicato Médico Andaluz, Metges de Catalunya, la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (Amyts), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O’MEGA)— solicitó a finales de junio que Sánchez tomara las riendas de la situación ante el bloqueo con el Ministerio de Sanidad. La respuesta llegó no en boca del propio presidente, sino a través de una carta firmada por su director de gabinete. En ella se les recordaba que el Ministerio de Sanidad es el «interlocutor competente» para liderar la negociación y «valorar las distintas propuestas» de los médicos. Una respuesta burocráticamente impecable, políticamente reveladora.
Lo que esa carta omite resulta tan significativo como lo que contiene. No hay en ella ninguna referencia a la exclusión de los sindicatos médicos del proceso de negociación del Estatuto Marco, ni al hecho de que incluso los sindicatos que sí firmaron el anteproyecto —UGT, CCOO, CSIF y Satse— han retirado su apoyo al texto. Tampoco reconoce el Ejecutivo la magnitud de un conflicto que los propios sindicatos califican como el más grave y prolongado de la historia de la democracia española. El comité de huelga denuncia que en la misiva no se aprecia «un ápice de preocupación» por parte del presidente, y que éste parece convencido de que bastaba con una «carta tipo» para zanjar el asunto.
La lógica institucional que invoca Sánchez —que el ministerio competente gestione su ámbito— sería razonable en circunstancias normales. Pero no lo es cuando ese mismo ministerio ha demostrado ser incapaz de alcanzar un acuerdo, cuando el texto que promueve carece ya de respaldo incluso entre quienes lo suscribieron, y cuando el impacto sobre los pacientes alcanza dimensiones que ningún gobierno responsable puede ignorar. Derivar el problema a Sanidad no es aplicar el principio de competencia institucional: es eludir la responsabilidad política que corresponde a quien dirige el Ejecutivo.
Las organizaciones médicas han advertido que en otoño reanudarán el conflicto si el Gobierno no rectifica su posición y abandona el proyecto de Estatuto Marco tal como está concebido. La advertencia no es retórica: la huelga ya ha demostrado su capacidad de sostenerse en el tiempo y de generar un daño sanitario cuantificable. El problema no desaparecerá con el verano.
Lo que está en juego trasciende la negociación laboral de un colectivo profesional. Afecta a la credibilidad del Estado como garante del sistema sanitario público y a la coherencia de un Gobierno que predica el diálogo social mientras practica la exclusión selectiva. Ignorar a los representantes de los médicos —los profesionales que sostienen materialmente ese sistema— y remitirlos a un ministerio bloqueado no es gestión: es procrastinación institucionalizada. Y sus consecuencias las pagan, en última instancia, los pacientes.