La Comisión de Igualdad aprueba tramitar su inclusión en el Código Penal, con la votación fijada para el 25 de junio
La Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados aprobó este miércoles iniciar la tramitación parlamentaria para penalizar las denominadas terapias de conversión dirigidas a personas LGTBIQ+. La votación definitiva en el Pleno está prevista para el próximo 25 de junio. El Partido Popular y Vox votaron en contra de iniciar el proceso.
Un vacío de aplicación que impulsa el salto al Código Penal
Estas prácticas ya están sancionadas administrativamente desde 2023, en virtud de la Ley 4/2023, conocida como Ley trans. Sin embargo, desde su entrada en vigor no se ha impuesto ninguna multa, pese a que el Ministerio de Igualdad ha recibido 23 denuncias en los últimos tres años, tanto individuales como colectivas.
Entre esas denuncias figura una que señalaba a siete diócesis españolas: Madrid, Barcelona, Valencia, Getafe, Alcalá de Henares, Sigüenza-Guadalajara y Málaga. De las 23 denuncias, tres se encuentran en fase de actuaciones previas —esta semana se incoó un expediente sancionador— y las otras 20 han sido archivadas por falta de competencia del ministerio.
La gestión de las sanciones administrativas corresponde en última instancia a las comunidades autónomas, con multas de hasta 150.000 euros. La asociación No es terapia, principal organización española opuesta a estas prácticas, ha denunciado que comunidades como la Valenciana, Andalucía o Madrid han archivado las denuncias presentadas «sin dar explicación, sin permitirnos recurrirlas».
Por qué el Código Penal y no la vía administrativa
La organización No es terapia argumenta que solo la jurisdicción penal puede garantizar una instrucción efectiva: «Se trata de una violencia que se perpetra en un entorno alejado del escrutinio público y de imposible tutela sin intervención judicial».
La propuesta legislativa, presentada por el PSOE en junio de 2024, plantea introducir el artículo 173 bis en el Código Penal, con penas de prisión de entre seis meses y dos años para quien «aplique o practique» intervenciones destinadas a «modificar, reprimir, eliminar o negar la orientación sexual, la identidad sexual o la expresión de género» de una persona.
En su toma en consideración inicial, la propuesta contó con el apoyo de todos los grupos parlamentarios salvo Vox, que se opuso, y UPN, que se abstuvo. El PP, que entonces votó a favor, ha cambiado de posición en la fase de tramitación.
Enmiendas clave: el consentimiento no exime de responsabilidad
Durante la sesión de este miércoles se debatieron enmiendas de los distintos grupos. Una de las aprobadas establece una multa de ocho a 24 meses para quien practique estas terapias sobre una persona, incluso cuando medie el consentimiento de esta o de su representante legal.
La diputada de Compromís Agueda Micó instó al PSOE a incorporar medidas adicionales, recordando que «la mayoría de las víctimas son menores de edad, sometidos a esas prácticas por sus propias familias, de las que dependen económicamente». Micó reclamó también alternativas habitacionales y ayudas económicas para quienes las necesiten.
Respaldo científico y rechazo institucional internacional
La Organización Mundial de la Salud recomienda a los gobiernos que pongan fin a estas pseudoterapias. Las personas sometidas a ellas presentan mayor riesgo de depresión, estrés postraumático y pensamientos suicidas, según un estudio publicado el año pasado en The Lancet Psychiatry. Las Naciones Unidas las han calificado de «tortura».
Para la presidenta de la Federación Estatal LGTBI+, Paula Iglesias, «estas torturas son una violenta expresión de odio y deben sancionarse con cárcel, antecedentes e inhabilitación a quienes las promuevan o practiquen».
Recursos para víctimas
El teléfono 028, también conocido como teléfono Arcoíris, ofrece atención gratuita, anónima y confidencial a víctimas de lgtbifobia las 24 horas del día, todos los días del año. También es posible contactar por correo electrónico en 028-online@igualdad.gob.es o a través de un chat en línea.