Treinta años del caso Arny: cómo una acusación fabricada destruyó a decenas de inocentes
En 1994, un pub sevillano llamado Arny se convirtió en el epicentro de uno de los mayores escándalos judiciales de la democracia española. Cuarenta y nueve personas —entre ellas figuras públicas como el presentador Jesús Vázquez, el humorista Jorge Cadaval y el músico Javier Gurruchaga— fueron imputadas por prostitución de menores sobre la base de testimonios de jóvenes toxicómanos. Treinta años después, la cantante María del Monte ha vuelto a hablar públicamente sobre el caso en el programa de Antena 3 presentado por Sonsoles Ónega, reavivando el debate sobre las gravísimas deficiencias institucionales que lo hicieron posible.
Acusaciones sin pruebas, vidas destrozadas
El hermano de María del Monte, Antonio Tejado, fallecido en 2020, fue uno de los imputados. La cantante recordó que existían pruebas médicas que acreditaban su ingreso hospitalario en las fechas en que supuestamente habría cometido los hechos. Pese a ello, el fiscal llegó a solicitar para él siete años de prisión.
«Aquello fue una auténtica caza, con presas fáciles y cazadores furtivos», afirmó Del Monte. Según relató, su hermano quedó recluido en casa por el miedo y la estigmatización, y la familia llegó a recibir mensajes en el contestador pidiendo dinero a cambio de retirar la denuncia.
El papel de los medios y la presunción de inocencia pisoteada
El caso Arny no fue solo un fracaso policial y judicial: fue también un espectáculo mediático. Varias cadenas convirtieron el proceso en entretenimiento para subir audiencias, y algunas productoras llegaron a pagar con drogas a los testigos que acusaban desde los platós.
María del Monte criticó con dureza a la ya fallecida locutora Encarna Sánchez, quien utilizó su programa radiofónico —líder de audiencia en aquella época— para atacar a los imputados ignorando por completo la presunción de inocencia. Según Del Monte, Encarna llegó incluso a alentar públicamente agresiones físicas contra Jorge Cadaval.
La dimensión personal de un ataque mediático
Según fuentes periodísticas que siguieron el caso de cerca, la animadversión de Encarna Sánchez hacia María del Monte tenía raíces personales. La locutora responsabilizaba a Del Monte del distanciamiento de Isabel Pantoja, con quien había roto toda relación tras la publicación de unas fotografías en una revista. Pantoja, en realidad, se había alejado de Encarna por su carácter controlador.
El libro Encarna, en carne viva recoge que la locutora envió a Sevilla a su jefe de investigación, Juan Luis Galiacho, para «investigar a fondo» a Antonio Tejado. Periodistas que cubrieron el caso señalan que en algunas de sus declaraciones sobre el Arny subyacía una homofobia notable, posiblemente relacionada con el hecho de que Encarna nunca reconoció públicamente su propia identidad sexual.
La retractación que la jueza se negó a admitir
En junio de 1996, semanas después de la muerte de Encarna Sánchez, la jueza Auxiliadora Echavarri dio por concluida la instrucción confirmando la imputación de todos los acusados famosos. Sin embargo, en septiembre de ese mismo año, el principal testigo del caso, José Antonio Barriga, se retractó de todas sus acusaciones. Declaró que había sido un «trabajito» encargado por la policía a cambio de dinero.
La jueza se negó a incorporar esa nueva declaración al sumario, obligando a todos los acusados a sentarse en el banquillo. Fue la periodista Inmaculada Casal —entonces en Canal Sur y hoy esposa de María del Monte— quien consiguió llevar el testimonio de Barriga a la televisión pública andaluza, contribuyendo decisivamente a desmontar el montaje.
Treinta y tres absueltos, ningún responsable
El proceso concluyó con la absolución de 33 de los 49 procesados. Quedó demostrado que la operación había sido una fabricación orientada a inculpar a personas homosexuales con proyección pública. Algunas hipótesis apuntan a una venganza personal; otras, a una operación de especulación inmobiliaria que se descontroló.
Lo que no admite controversia es el balance: decenas de inocentes vieron arruinadas su reputación y su salud mental por la acción combinada de una policía que fabricó testimonios, unos jueces que ignoraron pruebas exculpatorias y unos medios que antepusieron la audiencia a la verdad. Ninguno de los responsables institucionales rindió cuentas.