Diecinueve meses después de la catástrofe, la presión ciudadana no cede
Más de 200 entidades cívicas, sociales y sindicales de la Comunidad Valenciana se movilizaron este sábado en Valencia para exigir responsabilidades políticas y judiciales por la dana de octubre de 2024. La manifestación, convocada junto a asociaciones de víctimas, los Comités Locales de Emergencia y Reconstrucción (CLER) y el Acuerdo Social Valenciano (ASV), volvió a recorrer el trayecto de la primera gran marcha, cuando unas 130.000 personas salieron a las calles en apoyo a los afectados.
La principal demanda política de la jornada fue la supresión del aforamiento del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, y su comparecencia ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja, que instruye la causa penal derivada de la tragedia.
Las víctimas denuncian que aún no hay verdad ni justicia
La presidenta de la Associació Víctimes de la Dana 29 d’Octubre 2024, Mariló Gradolí, subrayó que las organizaciones continúan movilizándose porque, transcurridos diecinueve meses, no han obtenido «verdad, justicia ni reparación». Gradolí insistió en que el respaldo ciudadano a las víctimas «sigue vivo, más vivo que nunca».
En relación con la Comisión de Investigación de la dana en Les Corts, Gradolí defendió la necesidad de que las víctimas tuvieran voz en ese espacio institucional, aunque precisó que «la verdadera comisión de investigación es el Juzgado de Catarroja». Según afirmó, las diligencias judiciales apuntan a que existía información suficiente para alertar a la población y medios técnicos para hacerlo, algo que, a su juicio, no ocurrió.
Las organizaciones convocantes también denunciaron que Mazón mantiene su acta de diputado y que las políticas del Consell siguen, a su entender, comprometiendo la seguridad de los ciudadanos ante futuros episodios meteorológicos extremos.
El sector educativo se suma a la protesta
Entre los bloques que integraron la marcha destacó una columna específica del sector de la enseñanza, articulada en apoyo a la huelga indefinida convocada por los docentes valencianos. Los movimientos sociales llamaron a familias y profesores a sumarse a esta iniciativa dentro de la manifestación, con el objetivo de visibilizar las reivindicaciones educativas y reforzar su presencia en el conjunto de la protesta.
La confluencia de demandas —responsabilidad política por la gestión de la emergencia, garantías de seguridad ante futuros desastres y reivindicaciones del ámbito educativo— refleja una movilización que, lejos de disolverse con el paso del tiempo, mantiene una base social amplia y heterogénea.