Los Mossos d’Esquadra han concluido un estudio de más de un año que identifica aproximadamente un millar de pandilleros en Cataluña, aunque la policía catalana estima que entre 400 y 600 de ellos presentan un arraigo sólido. El informe, impulsado desde mediados de 2024, ha cristalizado en un plan transversal que arranca este mes de noviembre con el objetivo de prevenir la captación de nuevos jóvenes, contener los conflictos existentes y evitar que el fenómeno gane escala.
Las tres bandas con mayor presencia son Los Trinitarios, Barrio 18 y Los 300. Junto a estas organizaciones consolidadas, los Mossos han identificado 34 grupos juveniles adicionales, la mayoría con escasa relevancia operativa; sin embargo, siete de ellos concentran el 80% de los incidentes registrados.
El comisario Ramon Chacón, número dos del cuerpo, subraya que la situación actual no es comparable a la de hace más de una década, cuando la violencia entre bandas provocó más de diez homicidios y numerosos enfrentamientos. «Desde hace más de un año, los incidentes se van sucediendo de manera más continua», reconoce, pero insiste en que estos grupos carecen hoy de normas claras, simbología definida y una ocupación territorial tan marcada como en el pasado. Un cambio estructural llama especialmente la atención de los analistas del cuerpo: a diferencia de épocas anteriores, la mayoría de los detenidos son ahora ciudadanos españoles, lo que, según Chacón, diluye el componente identitario basado en la nacionalidad y dificulta la expansión rápida del fenómeno.
Desde diciembre de 2023, los Mossos han investigado tres homicidios con vinculación directa a bandas. Otros crímenes, como el ocurrido el 16 de octubre en el barrio barcelonés de Roquetes, el asesinato de un joven en marzo en el parc de Les Planes de L’Hospitalet, o la muerte de otro menor en septiembre del año pasado durante un intento de robo, presentan conexiones periféricas con pandilleros entre los detenidos, aunque la policía no los clasifica como crímenes de banda en sentido estricto.
Las tres operaciones policiales ejecutadas en el último año ilustran la diversidad del problema. El caso Six desarticuló un grupo de Trinitarios que empleaba la marca de la banda para cometer robos violentos con armas de fuego dentro de su propia comunidad. El caso Seven, derivado del anterior, desmanteló una red de tráfico de armas cuyo líder dirigía el clan desde prisión valiéndose incluso de sus propias hijas como intermediarias. El caso Esparta actuó contra Los 300, una banda de nueva generación que ejerce su territorialidad también en la red de metro.
«No están tan organizados, pero tienen un gran componente de violencia», advierte la comisaria jefa Sílvia Catà. El perfil de reclutamiento es revelador: los menores se incorporan con 14 o 15 años, frecuentemente instrumentalizados por adultos de 40 o 50 que arrastran una larga trayectoria delictiva vinculada a bandas. El caso de Waltel Yasmani F., alias Pukita, detenido en la operación Six y condenado en 2012 por marcar con un cuchillo una X en la espalda de un joven que intentó abandonar la banda, ejemplifica esa continuidad generacional del crimen organizado juvenil. Los Mossos aseguran no haber vuelto a detectar rituales de iniciación violentos ni represalias sistemáticas contra quienes desean salir del grupo, aunque Chacón no oculta su preocupación: «Sí tenemos miedo de que cojan fuerza con las armas de fuego».
El plan que se activa ahora articula mesas territoriales lideradas por la jefatura y la comisaría de Información, con el propósito de acumular la mayor inteligencia posible sobre estos grupos. La apuesta combina prevención —frenar la captación de nuevos miembros— con investigación activa contra las estructuras ya consolidadas. La eficacia de ese enfoque dual determinará si Cataluña logra contener un fenómeno que, aunque menos organizado que en el pasado, muestra señales inequívocas de persistencia.