La Fiscalía solicita y obtiene el ingreso en prisión sin fianza
La madre de la menor de cinco años sustraída el pasado 30 de abril durante un punto de encuentro familiar en Oviedo ha ingresado en prisión provisional sin fianza, dos días después de que la Policía Nacional localizara a la niña en un asentamiento del municipio de Llanera, donde había permanecido oculta durante tres meses. La Fiscalía del Principado de Asturias solicitó esta medida cautelar ante la autoridad judicial, que la acordó en su integridad, poniendo fin a una situación que había generado una alarma institucional y social considerable desde que se produjera la sustracción.
El fundamento jurídico de la medida descansa, según el comunicado público de la propia Fiscalía, en dos pilares bien diferenciados. El primero es el riesgo de fuga, que el Ministerio Público considera evidente habida cuenta de la gravedad de la pena que podría imponerse a la mujer en caso de condena, en principio por un delito tipificado en el artículo 225 bis del Código Penal, precepto que castiga al progenitor que, sin causa justificada, sustrae a su hijo menor de edad. El segundo pilar es la necesidad de proteger los bienes jurídicos de la víctima, es decir, de la propia niña, a quien la Fiscalía considera que la situación vivida durante estos meses le ha ocasionado una alteración en su estabilidad tanto física como psíquica, circunstancia que refuerza la urgencia de las medidas adoptadas.
Los hechos: una sustracción premeditada durante el régimen de visitas
Los antecedentes del caso son relevantes para comprender la dimensión del conflicto institucional y familiar que subyace. La menor llevaba dieciocho meses conviviendo con una familia de acogida en Oviedo cuando, el 30 de abril, sus progenitores biológicos aprovecharon el régimen de visitas supervisadas para llevársela. La Consejería de Derechos Sociales y Bienestar del Principado informó en su momento de que los padres habrían agredido a la educadora encargada de supervisar el encuentro en el centro familiar, lo que añade una dimensión de violencia deliberada a una sustracción que, en cualquier caso, vulneraba de forma flagrante una resolución judicial sobre la tutela de la niña.
Los abogados de los progenitores sostuvieron en todo momento que sus clientes habían sido engañados durante el procedimiento administrativo y judicial que derivó en la pérdida de la tutela, y que actuaron convencidos de que no volverían a ver a su hija. Esta línea de defensa, por comprensible que pueda resultar en términos emocionales, no modifica el hecho de que la sustracción de un menor bajo tutela judicial constituye un delito tipificado con independencia de la percepción subjetiva de los progenitores sobre la equidad del proceso que los privó de esa tutela. El Estado de derecho no se sostiene si cada ciudadano puede ejecutar por su cuenta la respuesta que considera justa ante una resolución que le resulta adversa.
Tensión en el asentamiento de Silvota tras el ingreso en prisión
La jornada posterior al ingreso en prisión de la madre estuvo marcada por un episodio de tensión en el propio asentamiento de Silvota, en Llanera, donde la niña había sido localizada. La abuela materna de la menor alertó a la Guardia Civil de supuestas amenazas proferidas por miembros de la familia paterna, quienes habrían acusado a la familia materna de no haber sabido ocultar suficientemente bien a la niña, llegando incluso a amenazar con acudir al poblado portando armas. El instituto armado desplegó varias patrullas en la zona a partir de las 13.40 horas del lunes para verificar la situación.
La intervención no evidenció ningún incidente activo ni se detectó presencia de miembros del asentamiento de Granda, en el municipio de Siero, vinculados al padre de la menor. Sin rastro de reyerta ni de la presencia amenazante descrita, la Guardia Civil optó por mantener dos patrullas en las proximidades durante el resto de la tarde como medida preventiva, una decisión prudente dado el contexto de alta tensión entre ambas familias. Este episodio ilustra con claridad que la localización de la niña no cierra el conflicto subyacente, sino que lo traslada a un nuevo escenario en el que la protección efectiva de la menor seguirá requiriendo una respuesta institucional sostenida y rigurosa.
Una tutela judicial que el Estado debe garantizar con eficacia
El caso plantea interrogantes que van más allá de la crónica judicial inmediata. Que una niña de cinco años bajo tutela del sistema de protección de menores pueda permanecer sustraída durante tres meses pone de manifiesto tanto la dificultad práctica de localizar a personas que se mueven en entornos de difícil acceso para las autoridades como la necesidad de revisar los protocolos de supervisión durante los puntos de encuentro familiar, espacios en los que la vulnerabilidad de los menores es máxima precisamente porque en ellos confluyen intereses y emociones de enorme intensidad. La respuesta del Estado, en este caso, llegó; pero llegó tarde, y esa tardanza tiene un coste humano que recae íntegramente sobre una niña que ahora deberá afrontar las consecuencias psicológicas de una experiencia que nunca debió producirse.
La prisión provisional de la madre, acordada con arreglo a los criterios legales pertinentes, es la respuesta que el ordenamiento jurídico prevé para situaciones de este tipo. Lo que corresponde ahora a las instituciones competentes es garantizar que la menor reciba el apoyo terapéutico necesario para su recuperación y que los mecanismos de protección que fallaron el 30 de abril no vuelvan a fallar. La solidez del sistema de protección de menores no se mide por sus declaraciones de principios, sino por su capacidad para proteger efectivamente a quienes más lo necesitan.