El 20 de julio de 2026, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó con 162 votos a favor la Declaración de Progreso sobre la Mejora de la Seguridad Vial Mundial. Su objetivo es claro: reducir a la mitad el número de fallecidos y heridos graves en las carreteras del planeta antes de 2030. El texto, adoptado en Nueva York, no es solo una hoja de ruta técnica; implica un cambio de paradigma sobre cómo los Estados deben concebir y gestionar la movilidad. Y ese cambio colisiona de frente con la filosofía que aplica la Dirección General de Tráfico en España.
La declaración exige que los países miembros diseñen sus infraestructuras pensando primero en las personas, no únicamente en los vehículos motorizados. La premisa de fondo es tan sencilla como exigente: todas las muertes en carretera son prevenibles. Esta afirmación no es retórica; obliga a los gobiernos a asumir una corresponsabilidad activa en cada siniestro.
El núcleo del modelo propuesto por la ONU se conoce como el «Sistema Seguro» (Safe System Approach). A diferencia de los enfoques tradicionales, este marco distribuye la responsabilidad de un accidente entre tres factores: el conductor, el vehículo y la infraestructura. Ninguno de los tres es exculpado por defecto; todos deben estar diseñados para que un error humano no se traduzca en una muerte.
Aquí reside la tensión con la DGT. Su director, Pere Navarro, ha manifestado públicamente sus reservas ante este planteamiento. Para él, la formación del conductor y el comportamiento individual constituyen las herramientas más eficaces para reducir la siniestralidad. De ahí que la estrategia española siga pivotando sobre la vigilancia, el control de la velocidad y las campañas de concienciación ciudadana.
El argumento de Navarro tiene una lógica propia: si se traslada parte de la culpa a la carretera o al diseño viario, se corre el riesgo de diluir el mensaje de autorresponsabilidad que cada conductor debe interiorizar. Es una posición coherente, pero que la comunidad internacional de expertos en seguridad vial lleva años cuestionando con evidencia empírica.
La ONU responde a ese argumento con datos y con principios. Los seres humanos cometen errores; eso es un hecho irreducible. El sistema, sostiene la declaración, debe estar construido para que esos errores no sean letales. Responsabilizar exclusivamente al usuario es, desde esta perspectiva, una estrategia incompleta y, en última instancia, ineficaz para alcanzar reducciones significativas de víctimas.
Los motoristas ocupan un lugar central en el nuevo enfoque, y no por casualidad: representan cerca de un tercio de las víctimas mortales en las carreteras de todo el mundo. El Sistema Seguro exige a las administraciones que actúen sobre los factores que pueden agravar un accidente, con independencia de quién lo haya provocado.
La brecha entre el mandato internacional y la práctica nacional plantea una pregunta incómoda: ¿puede España comprometerse con los objetivos de la ONU para 2030 sin revisar los fundamentos de su política de tráfico? La respuesta honesta exige un debate que, hasta ahora, apenas ha comenzado.