Todo comenzó con una iniciativa legislativa presentada por una diputada del partido Renaissance, la formación fundada por Emmanuel Macron. El texto original proponía restringir el acceso de los menores de 15 años a las redes sociales, una medida que, en su formulación inicial, no establecía distinciones entre plataformas ni contemplaba excepciones significativas.
Los senadores, al recibir el proyecto, lo modificaron de forma sustancial. Introdujeron un listado de redes sociales consideradas especialmente perjudiciales para los adolescentes, cuyo acceso quedaría vetado, mientras que otras plataformas permanecerían accesibles bajo determinadas condiciones. Esa divergencia entre cámaras obligó a convocar una comisión mixta de diputados y senadores para negociar un texto común.
La comisión alcanzó un acuerdo que eliminó la lista negra específica y restableció una prohibición general, aplicable a las redes sociales sin distinción de plataforma, tal como explicó la diputada Laure Miller, de Renaissance. El texto incorporó además el veto al uso de teléfonos móviles en los institutos, aunque permite a los centros educativos establecer las excepciones que consideren pertinentes.
Con ese texto unificado sobre la mesa, ambas cámaras del Parlamento francés votaron. El Senado aprobó la ley con 243 votos a favor y apenas 2 en contra. La Asamblea Nacional hizo lo propio con 279 votos a favor y 81 en contra. El resultado convierte a Francia en el primer país europeo en establecer lo que la ministra de Tecnología, Anne Le Hénanff, denominó una «mayoría tecnológica» para la protección de menores en el entorno digital.
El presidente Macron celebró la aprobación con una declaración en la que afirmó que «Francia abre el camino en Europa para la protección de nuestros niños y adolescentes». El mandatario ha convertido la regulación del tiempo de pantalla y la protección de menores en redes sociales en uno de los objetivos centrales de su segundo mandato, que concluye en mayo de 2027.
La norma no establece sanciones para los menores ni para sus familias. Sin embargo, deja abiertas preguntas de calado sobre su eficacia real. La más evidente es cómo se verificará la edad de millones de usuarios en plataformas diseñadas precisamente para facilitar el registro anónimo y masivo.
A ello se suma la incertidumbre sobre qué plataformas quedarán efectivamente obligadas a aplicar la restricción, y si algún grupo parlamentario llevará la ley ante el Consejo Constitucional francés, lo que podría paralizar o retrasar partes sustanciales de su aplicación.
El contexto internacional explica, al menos en parte, la urgencia del legislador francés. Australia se convirtió a finales de 2024 en el primer país del mundo en prohibir las redes sociales a los menores de 16 años. El Reino Unido aprobó poco después una medida de alcance similar, con entrada en vigor prevista para principios de 2027. Semanas más tarde, la Comisión Europea anunció que estudia establecer un acceso «progresivo y gradual» de niños y adolescentes a las plataformas digitales, señal de que el debate regulatorio se consolida como una prioridad política en todo el continente.
Francia ha dado el paso más concreto hasta ahora en Europa, pero la solidez jurídica de su modelo y su viabilidad técnica están aún por demostrar. La distancia entre la voluntad política y la aplicación efectiva de una norma de esta envergadura raramente se salva con un solo voto parlamentario.