El juicio por la Operación Kitchen ha alcanzado su fase de conclusiones definitivas con la firmeza esperada por parte de la Fiscalía Anticorrupción: quince años de prisión para el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y para su ex número dos, Francisco Martínez. Una cifra que no ha variado un solo día de los que lleva celebrándose este proceso ante la Audiencia Nacional, y que resume la gravedad de lo que se investiga: un presunto espionaje orquestado desde el poder para sustraer información comprometedora al extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas.
El fiscal César de Rivas confirmó esa posición tras las declaraciones de los últimos acusados en comparecer ante el tribunal, los inspectores José Ángel Fuentes Gago y Bonifacio Díez Sevillano, así como el comisario José Luis Olivera. El representante del Ministerio Público no solo ratificó los quince años solicitados para Fernández Díaz y Martínez, sino también los pedidos para el exdirector adjunto operativo de la Policía Nacional Eugenio Pino y el comisario Andrés Gómez Gordo. Para el comisario jubilado José Manuel Villarejo, la Fiscalía mantiene su petición de diecinueve años, reflejo del papel central que se le atribuye en la presunta trama. Igualmente, De Rivas sostuvo los doce años y cinco meses reclamados para Sergio Ríos, el que fuera chófer de la familia Bárcenas y al que se acusa de haber actuado como confidente de la operación, y los dos años y medio solicitados para el exjefe de la Unidad de Asuntos Internos, Marcelino Martín Blas.
Lo que sí se ha movido, y de forma notable, es el terreno de las acusaciones particulares y populares. La abogada de la familia Bárcenas, que ejerce la acusación particular, había reclamado al inicio del juicio cuarenta y un años de prisión para la mayoría de los acusados y treinta y tres para el chófer Ríos. En la fase de conclusiones definitivas, esas cifras han descendido hasta los diecisiete años y medio para el grueso de los acusados y once y medio para Ríos. Una rebaja sustancial que los operadores jurídicos interpretarán a la luz de lo que el desarrollo del juicio haya aportado o dejado sin sostener.
También han moderado sus pretensiones el PSOE y Podemos, que comparecen en el proceso como acusación popular. Ambas formaciones habían solicitado inicialmente condenas de entre treinta y dos y cuarenta y siete años de cárcel, horquilla que ahora se ha estrechado considerablemente. La participación de partidos políticos en procesos penales como acusación popular es un mecanismo legítimo dentro del ordenamiento jurídico español, aunque su ejercicio merece siempre un escrutinio riguroso para distinguir el interés público genuino de la instrumentalización electoral de los tribunales.
Un elemento relevante en el desarrollo de la jornada fue la retirada de la acusación contra los inspectores Fuentes Gago y Díez Sevillano por parte de la familia Bárcenas y de las acusaciones populares. La presidenta del tribunal, la magistrada Teresa Palacios, comunicó que ambos funcionarios quedan fuera del juicio. Esta circunstancia resulta coherente con la posición que la Fiscalía había mantenido desde sus conclusiones provisionales, en las que ya se abstuvo de acusar a estos dos inspectores y al comisario Olivera.
Las defensas, por su parte, han elevado a definitivas sus conclusiones provisionales sin modificación alguna, solicitando la libre absolución de todos sus clientes. El tribunal de la Audiencia Nacional tiene ahora ante sí un cuadro acusatorio complejo, con peticiones que oscilan entre los extremos de la absolución y los diecinueve años de prisión, y deberá valorar si las pruebas practicadas durante el juicio oral sostienen o desvirtúan la tesis de que el aparato del Estado fue puesto al servicio de intereses particulares para espiar a un ciudadano. Esa pregunta, en el fondo, trasciende los nombres propios del sumario y apunta al corazón mismo del Estado de derecho.