Las delegaciones del chavismo y la oposición venezolana cerraron este martes en Caracas su tercera ronda de negociaciones políticas sin anunciar acuerdos definitivos. El anuncio, previsto para la tarde, se demoró varias horas y no se formalizó hasta pasadas las nueve de la noche, poniendo fin a una agenda de diez días de trabajo intenso. La próxima sesión, la cuarta, queda fijada para noviembre.
Lo que se discutió, lo que no se acordó
Dinorah Figuera, jefa de la delegación opositora, informó de que ambas partes acordaron revisar las normas sobre reuniones públicas y manifestaciones, la Ley Orgánica de la Contraloría General en materia de inhabilitaciones, la Ley Simón Bolívar y la tipificación del terrorismo en la Ley contra la Delincuencia Organizada. Ninguna de estas revisiones se tradujo en compromisos concretos ni en calendarios vinculantes.
Jorge Rodríguez, al frente de la delegación chavista, señaló que el Comité de Postulaciones encargado de seleccionar el nuevo Tribunal Supremo de Justicia debe quedar juramentado el 22 de octubre. Anunció además una iniciativa para crear una Defensoría de garantías políticas y participación ciudadana. Palabras, por ahora, sin plazo ni mecanismo de verificación.
La agenda prevista para esta tercera ronda incluía la restitución de derechos constitucionales, la creación de condiciones equitativas para partidos y candidatos, la renovación del poder judicial y las primeras aproximaciones hacia un nuevo Consejo Nacional Electoral. Varias fuentes reconocen en privado la dificultad de hallar zonas de coincidencia en estos asuntos fundamentales.
Escepticismo en la opinión pública
La reanudación del diálogo fue recibida con indiferencia y escepticismo por una parte importante de la sociedad venezolana. Algunos actores políticos vinculados al proceso habían alimentado cierto optimismo a partir de victorias tempranas: avances en la reforma del poder judicial, la perspectiva de un nuevo Tribunal Supremo y concesiones pactadas en materia de libertad de expresión y derechos civiles. Ese optimismo, hoy, luce frágil.
Las negociaciones se desarrollan sin la presencia de María Corina Machado, la líder opositora con mayor respaldo popular. Su exclusión ha deteriorado la cohesión interna de la oposición. Casi al mismo tiempo que se firmaba en mayo el llamado Acuerdo de Panamá, que ratificaba su liderazgo, la Administración Trump optó por convocar el diálogo con el chavismo y estructurar el equipo negociador opositor con parlamentarios de la Asamblea Nacional de 2015, dejando fuera a Machado.
En una entrevista reciente con The New York Times, la propia Machado reconoció haber quedado excluida del proceso por una decisión unilateral de la Casa Blanca. No quiso calificar lo sucedido ni pronunciarse sobre el secretario de Estado, Marco Rubio, y su estrategia para Venezuela.
Los acuerdos previos y la reforma pendiente de la Ley contra el Odio
Las rondas de agosto y septiembre sí produjeron resultados tangibles. Ambas delegaciones acordaron entonces gestiones conjuntas para recuperar activos internacionales de la República congelados en el exterior, atención prioritaria a las víctimas del doble terremoto del 24 de junio y el desbloqueo de más de doscientos dominios de internet y portales informativos censurados durante años en el país.
En ese mismo contexto, la mayoría chavista de la Asamblea Nacional decidió modificar los aspectos penales más severos de la Ley contra el Odio, tras una solicitud pública de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Las sesiones legislativas para iniciar esa reforma, sin embargo, no han comenzado todavía. Según información trascendida, la directiva de la Asamblea estudia sustituir las penas de cárcel por multas y sanciones administrativas, suavizando la ley sin derogarla. Diversas organizaciones civiles y asociaciones de periodistas reclaman su eliminación total, al considerar que lesiona de forma estructural la libertad de expresión. Una reforma parcial, advierten, no resuelve el problema de fondo.