Cinco años después del golpe de Estado del 1 de febrero de 2021, Myanmar —la antigua Birmania— permanece atrapada en una guerra civil sin perspectiva de resolución, con un territorio fragmentado entre la junta militar, las milicias prodemocráticas vinculadas al Gobierno de Unidad Nacional en el exilio y una constelación de guerrillas étnicas que disputan al régimen de Naipyidó el control de rutas comerciales y pasos fronterizos estratégicos. Lo que comenzó como una represión brutal contra protestas pacíficas ha derivado en uno de los conflictos más devastadores de Asia, con consecuencias humanitarias que los propios organismos internacionales califican de catastróficas.
Lo que el régimen denomina «transición civil» no es sino un maquillaje institucional calculado para transformar la figura del jefe militar en la de un presidente formalmente civil, proyectando una fachada de normalidad hacia el exterior sin ceder un ápice de poder real. La estrategia no es nueva en la historia de las autocracias, pero resulta especialmente cínica cuando se aplica sobre un país en el que un tercio de la población depende de ayuda humanitaria para sobrevivir. Ignorar esta realidad —o aceptar sus formas sin cuestionar su fondo— sería una abdicación del análisis racional que cualquier observador comprometido con el Estado de derecho y los derechos fundamentales está obligado a rechazar.