Medio siglo de política social europea ha enseñado una lección que España parece empeñada en ignorar: las ayudas de último recurso mal diseñadas no reducen la pobreza, la administran. El último informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) sobre el Ingreso Mínimo Vital (IMV) lo confirma con datos que merecen atención sosegada, no consignas.
El hallazgo central es tan revelador como incómodo: el 51% de los perceptores del IMV recibe simultáneamente otras prestaciones públicas. El 35% acumula una ayuda adicional; el 16%, dos o más. Entre esas prestaciones complementarias destacan el subsidio por desempleo (29% de los hogares beneficiarios), las rentas mínimas autonómicas (10%), las prestaciones familiares (8%) y las pensiones no contributivas (5%). El cuadro resultante es el de un sistema de protección social fragmentado, sin arquitectura coherente, donde distintas administraciones financian con dinero público objetivos idénticos sin coordinación alguna.
La AIReF no se limita a describir la acumulación. Señala sus consecuencias sobre el comportamiento de los beneficiarios y la sostenibilidad del conjunto. Casi la mitad de los hogares que perciben el IMV siguen cobrándolo transcurridos sesenta meses, plazo para el que la prestación fue concebida originalmente. Entre quienes reciben el importe más próximo a la renta garantizada, esa proporción asciende al 60%. La correlación es nítida: a mayor intensidad protectora, mayor permanencia en la prestación y menor probabilidad de retorno al mercado laboral. El informe lo expresa sin ambages: es necesario reformular los incentivos al empleo vinculados al IMV.
El caso de los mayores de 52 años ilustra con especial claridad la disfunción sistémica. A partir de esa edad, la compatibilización entre el IMV y el subsidio por desempleo se duplica respecto a la media. El subsidio, que en teoría opera como prestación transitoria una vez agotada la prestación contributiva, se vuelve indefinido a esa edad y convive en la práctica con el IMV hasta la jubilación. Dos prestaciones de último recurso superpuestas, financiadas por el mismo contribuyente, con objetivos solapados. La racionalidad del sistema brilla por su ausencia.
La presidenta de la AIReF, Inés Olóndriz, ha sido explícita al valorar la situación. Tras años de evaluaciones, recomendaciones y propuestas, y ante la previsible inacción del Ejecutivo, ha advertido que «si no hay más cambios legales en la prestación, hacer más evaluaciones anuales no tiene sentido». Es una declaración que merece ser leída con detenimiento: el organismo fiscalizador independiente comunica, en esencia, que evaluar una política que nadie tiene intención de reformar es un ejercicio estéril. Pocas veces la frustración institucional se ha expresado con tanta precisión técnica.
La respuesta del Ministerio de Seguridad Social, dirigido por Elma Sáiz, ha sido tan predecible como reveladora. Fuentes del departamento sostienen que es «razonable» que el IMV conviva con otras prestaciones similares, tanto estatales como autonómicas. No hay análisis de eficiencia, ni referencia a los datos de la AIReF, ni propuesta alternativa. Solo la afirmación de que el statu quo es razonable. En el contexto electoral en que se produce —con elecciones generales en el horizonte de un año y unos Presupuestos del Estado que probablemente incorporen nuevas medidas de gasto social—, la posición del Gobierno resulta políticamente comprensible. Técnicamente, es indefendible.
La AIReF propone tres líneas de reforma que merecen ser valoradas por su contenido, no por su filiación política. La primera afecta a los criterios de cómputo de rentas del hogar para determinar el acceso al IMV: los umbrales actuales generan distorsiones que conviene corregir. La segunda cuestiona los criterios de unidad de convivencia, cuya definición puede incentivar comportamientos formales que no reflejan la realidad de los hogares. La tercera, y más relevante desde el punto de vista estructural, apunta a los mecanismos de activación laboral: los programas existentes para reconducir a los perceptores hacia el empleo no han producido los efectos esperados, y el Ministerio no ha aportado evidencia que contradiga esa valoración.
El debate de fondo trasciende la técnica presupuestaria. Una sociedad que aspira a proteger a sus ciudadanos más vulnerables debe hacerlo con instrumentos que funcionen, que sean coherentes entre sí y que no generen dependencia estructural. La acumulación de prestaciones sin coordinación no es generosidad: es despilfarro con apariencia de solidaridad. Y el rechazo a evaluar y reformar lo que no funciona, amparado en la proximidad electoral, no es prudencia: es la abdicación de la responsabilidad de gobernar bien. La AIReF ha cumplido su función. Ahora corresponde al Gobierno demostrar que está dispuesto a cumplir la suya.