El Ejecutivo asturiano de Adrián Barbón llega a los ocho últimos meses de su mandato con una agenda legislativa que, en términos objetivos, resulta difícilmente abordable. Más de veinte proyectos de ley aguardan tramitación, frente a las ocho normas aprobadas en los tres años anteriores. La tesis es sencilla y poco reconfortante para el Gobierno regional: el ritmo legislativo acumulado hasta ahora no guarda ninguna proporción con lo que queda por hacer, y el calendario político —con elecciones autonómicas previstas para mayo de 2027— no admite dilaciones. Lo que está en juego no es solo la productividad de un ejecutivo, sino la coherencia de un programa de gobierno que, en sus aspectos más sustantivos, todavía no se ha materializado en norma jurídica alguna.
Entre los proyectos pendientes figuran algunos de considerable complejidad técnica y elevada carga política. La Ley de Ordenación Integral del Territorio (LOITA) —pieza clave para la planificación urbanística regional— ha generado ya una controversia notable por incluir el derecho de tanteo y retracto a favor de la Administración en la transmisión de viviendas ubicadas en zonas tensionadas. La Ley de Universidades, por su parte, nació de la presión de Izquierda Unida —socio de gobierno del PSOE— ante la autorización de centros vinculados a universidades privadas. Ambas iniciativas, fundamentales para IU, no han pasado aún por el Consejo de Gobierno, lo que convierte su aprobación definitiva antes de las elecciones en un ejercicio de logística parlamentaria de alta dificultad. A estas se añaden textos sobre Mecenazgo, Hacienda, Diálogo Social, Cultura e Identidad, el Consejo Social de la Universidad de Oviedo, la reforma de la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres y la modificación del estatuto del Serida, entre otros.
El trabajo inmediato se concentra en julio, un mes que, pese a no ser hábil en términos parlamentarios ordinarios, se ha habilitado por acuerdo entre grupos para avanzar en la tramitación de varias normas. La ley LGTBI sorteó el 24 de mayo la enmienda a la totalidad presentada por Vox en un pleno extraordinario convocado precisamente para comprimir los plazos; su ponencia arranca el 14 de julio tras la presentación de 67 enmiendas. Las leyes de Vivienda e Infancia y Adolescencia también continuarán su recorrido este mes, junto con una modificación de la Ley de Prestaciones que permitiría condonar deudas del salario social cuando el error sea imputable a la propia Administración. Se trata de un conjunto de medidas políticamente sensibles cuya tramitación en pleno verano revela, más que voluntad de transparencia, la urgencia de un gobierno que siente el peso del reloj.
El otoño, el verdadero examen
El grueso del trabajo legislativo se desplaza, no obstante, al periodo posterior al verano. Salud Pública, Cooperación para el Desarrollo, Bibliotecas, Participación Institucional, Protección Civil y Emergencias, Puertos y Participación Ciudadana son las leyes que afrontarán entonces su tramitación principal. En ese escenario, el papel de Covadonga Tomé, diputada del grupo mixto, adquiere una relevancia determinante: su voto puede inclinar la mayoría hacia la izquierda o bloquear iniciativas del Ejecutivo, lo que convierte cada negociación en un ejercicio de precisión aritmética. Entre las propuestas más controvertidas del último periodo de sesiones destaca la tasa turística —que gravará las pernoctaciones en Semana Santa y verano, con críticas sostenidas del sector—, y la modificación de la Ley de Espectáculos Públicos para prohibir la entrada de menores a los toros, una iniciativa impulsada por Convocatoria por Asturias-IU y la propia Tomé que estuvo paralizada dos años y cuyo diputado promotor ha denunciado maniobras de «filibusterismo político» por parte de PP y Vox para obstaculizar su tramitación.
Dos proyectos permanecen además en suspenso por razones ajenas a la voluntad del Ejecutivo regional: la limitación de la venta de bebidas energéticas y la ley de protección al consumidor aguardan el dictamen de la Comisión Europea sobre su posible afectación al mercado interior, un proceso que puede prolongarse hasta tres meses. Son plazos que el Gobierno asturiano no controla y que reducen aún más el margen de maniobra disponible. La conclusión que se impone es que el Principado afronta un final de legislatura en el que la acumulación de deuda legislativa, la fragmentación parlamentaria y la presión del calendario electoral configuran un escenario de riesgo real para la coherencia del programa de gobierno. Completar veinte leyes en ocho meses con una mayoría frágil no es imposible, pero exige una disciplina política y una capacidad de negociación que, hasta ahora, no han sido precisamente las señas de identidad de este mandato.