Una trayectoria que permite comparar
Quien ha tenido la oportunidad de tratar de cerca con los sucesivos delegados del Gobierno en Madrid nombrados por el PSOE desde mediados de los años ochenta dispone de un punto de referencia privilegiado. Desde Rodríguez Colorado, que ocupó el cargo entre 1984 y 1986, pasaron por él figuras tan diversas como Ana Tutor, Segismundo Crespo, Miguel Solans Soteras, el inolvidable Arsenio Lope Huerta, Pilar Lledó, el casi ministro Constantino Méndez, Soledad Mestre García, Amparo Valcarce, Dolores Carrión Martín, José Manuel Rodríguez Uribes, María Paz García Vera, el reconocido José Manuel Franco y Mercedes González Fernández, hoy directora de la Guardia Civil.
La lista es larga, y la diversidad de perfiles, notable. Sin embargo, todos compartían un rasgo que hoy parece escaso: la capacidad de defender las posiciones del Gobierno sin renunciar a las formas mínimas que exige el ejercicio de la función pública. Polemizaban con el Partido Popular, sostenían posiciones encontradas con la oposición, pero lo hacían desde una actitud que permitía el diálogo y que no confundía la lealtad partidista con el abandono del decoro institucional.
El punto de inflexión: la llegada de Francisco Martín
La llegada de Francisco Martín a la Delegación del Gobierno en Madrid introdujo una ruptura cualitativa que merece análisis. No se trata de una diferencia de grado —más combativo, más partidista— sino de una diferencia de naturaleza. Martín llamó públicamente a movilizarse contra la Vuelta Ciclista a España, una convocatoria que le enfrentó con sus propios agentes de policía y guardias civiles, varios de los cuales resultaron heridos en el transcurso de los disturbios que siguieron.
Esa decisión no fue un accidente aislado. El delegado ha intentado también boicotear la concentración ciudadana de apoyo a Ceuta, una ciudad española sometida a una presión migratoria de consecuencias trágicas que el propio Gobierno ha gestionado con una incompetencia cuyo coste humano asciende, según los datos disponibles, a 150 muertos. La crítica de Martín a quienes convocaron ese acto de solidaridad contrasta llamativamente con su silencio —o su complicidad activa— ante otras convocatorias de signo político distinto.
El doble rasero como método
El delegado del Gobierno en Madrid aplica una lógica de doble rasero que resulta difícil de justificar desde cualquier interpretación razonable del principio de igualdad ante la ley. Las concentraciones en torno a la catástrofe de Ceuta deben someterse, según él, a la norma que impide a un ayuntamiento convocar una manifestación. Es una restricción que puede discutirse en términos jurídicos, pero que al menos existe. Lo que no existe es ninguna norma que ampare que el propio delegado haya llamado previamente a salir a la calle en una protesta en la que actuó una minoría violenta, conducta que fue sancionada posteriormente por la Justicia.
La coherencia exigiría que un representante del Estado aplicase los mismos criterios con independencia del color político de los convocantes. Que no lo haga no es solo una irregularidad administrativa: es una señal de que el cargo ha dejado de entenderse como una función al servicio del interés general para convertirse en una palanca de acción partidista.
El peligro de relativizar la violencia política
Hay una declaración que merece atención especial. Cuando se afirma públicamente que Bildu es preferible a «los de las banderitas españolas», se está estableciendo una jerarquía moral que coloca a una formación con vínculos históricos documentados con el terrorismo etarra por encima de ciudadanos que ejercen su derecho constitucional a expresar su identidad nacional. Esa afirmación, en boca de un delegado del Gobierno, no es una opinión privada: es una declaración institucional que debería haber generado consecuencias.
El problema de fondo no es solo la incontinencia verbal de un cargo público. Es que ese tipo de posicionamiento refleja una concepción del pluralismo radicalmente deficiente, en la que determinadas expresiones de identidad son toleradas y otras, estigmatizadas en función de su utilidad política para quien detenta el poder en cada momento. Eso no es pluralismo: es hegemonía disfrazada de apertura.
El sectarismo como disfunción institucional
El sectarismo, cuando se instala en una institución del Estado, no es solo un defecto de carácter del individuo que lo ejerce. Es una patología que erosiona la confianza ciudadana en las estructuras que deberían garantizar la imparcialidad y el Estado de derecho. Un delegado del Gobierno no representa a su partido: representa al conjunto del Estado ante una comunidad autónoma, y su autoridad moral depende precisamente de esa neutralidad relativa.
Francisco Martín ha quebrado ese principio de forma reiterada y visible. La pregunta pertinente no es si su conducta es políticamente comprensible —en cierto modo lo es, dado el clima de polarización que alimentan sus propios dirigentes—, sino si el Gobierno que le nombró considera que ese comportamiento es compatible con el ejercicio digno de la función pública. Que nadie haya respondido a esa pregunta dice tanto sobre el delegado como sobre quienes le mantienen en el cargo.