Todo comenzó, al menos en términos electorales, con un único diputado. En 2019, el partido Chega obtuvo su primer escaño en la Asamblea de la República portuguesa. Nadie lo tomó demasiado en serio. Cinco años después, en 2024, ese partido contaba con 60 diputados y se había convertido en la tercera fuerza política del Parlamento. El salto no es anecdótico.
Es en ese arco temporal —de 2019 a 2024— donde el Informe sobre el Espacio Cívico 2026 sitúa el núcleo de su análisis sobre Portugal. El documento fue presentado el pasado miércoles por la Academia Ciudadana, socia del Foro Cívico Europeo (ECF), organización que publica cada año este informe cofinanciado por la Unión Europea. Su objetivo es evaluar la evolución de las libertades fundamentales y la salud de la sociedad civil en los Estados miembros. El capítulo portugués fue redactado por Jonni Lopes, director ejecutivo de la Academia Ciudadana.
Portugal sigue clasificado como país con espacio cívico «abierto» según el Monitor Civicus. Pero esa etiqueta, aparentemente tranquilizadora, convive con una realidad más inquietante que el informe documenta con precisión.
El deterioro identificado por el informe no obedece a una causa única. El documento señala una combinación de factores: las reformas migratorias y de nacionalidad, consideradas más restrictivas que las anteriores; la inestabilidad en la financiación de las organizaciones de la sociedad civil; la presión inmobiliaria que expulsa a asociaciones culturales de sus espacios tradicionales; el uso desproporcionado de la fuerza policial en protestas; y, de forma destacada, el avance de la extrema derecha acompañado de desinformación y delitos de odio. Ninguno de estos elementos actúa de forma aislada. Se refuerzan mutuamente.
El ascenso de Chega no fue silencioso. Según el informe, su crecimiento electoral estuvo acompañado de una retórica centrada en la inmigración, así como de discursos xenófobos, racistas y homófobos que circularon primero en internet y luego encontraron tribuna en el pleno de la Asamblea de la República. Lo que antes era marginal se volvió institucional. Lo que antes se decía en foros oscuros de la red empezó a pronunciarse ante las cámaras del Parlamento.
Entre 2021 y 2024, el informe documenta una escalada de delitos de odio y acciones neonazis en Portugal. Los ejemplos son concretos y verificables. El documento recoge la interrupción violenta de una sesión de lectura LGBTQI+ organizada por ILGA, perpetrada por el grupo neonazi Habeas Corpus. Recoge también la agresión a un actor frente al Teatro A Barraca por parte de miembros de Reconquista. Y el acto denominado Churrasco do Porco, organizado por Ergue-te y Habeas Corpus el 25 de Abril —fecha especialmente simbólica en Portugal—, que terminó en enfrentamientos entre manifestantes antifascistas y agentes de la PSP.
Uno de los hallazgos más perturbadores del informe es la revelación, producto de investigaciones de la Policía Judiciaria en junio de 2025, de la presencia de elementos neonazis en las fuerzas de seguridad: PSP, GNR y la Armada. El informe no lo trata como un incidente aislado. Lo califica de «grave amenaza para el Estado de derecho», porque demuestra que individuos asociados a la violencia racista y a la subversión del orden constitucional democrático han logrado infiltrarse en las propias instituciones encargadas de garantizarlo. Es una paradoja que debería incomodar a cualquier demócrata.
Otro caso ilustra la dimensión social del problema. Un niño brasileño de nueve años sufrió acoso escolar que derivó en una mutilación. El informe lo cita no como anécdota, sino como síntoma. Señala que incidentes como ese, ocurridos en instituciones públicas, «debilitan la confianza de las niñas y niños migrantes en las instituciones como garantes de sus derechos», erosionando desde la infancia las condiciones para el ejercicio futuro de la libertad de expresión y la participación cívica.
Las cifras sobre discriminación refuerzan el diagnóstico. En 2024, la PSP y la GNR recibieron 987 denuncias formales por discriminación, racismo, xenofobia e incitación al odio. La Policía Judiciaria abrió 228 investigaciones formales ese mismo año. Sin embargo, entre 2017 y 2024, solo se produjeron 13 condenas por discriminación racial en todo el país. Eso representa una tasa de condena inferior al 1% de las denuncias presentadas. El informe no especula: o el sistema probatorio es sistemáticamente frágil, o existe falta de voluntad institucional para perseguir estos delitos. Ninguna de las dos explicaciones resulta aceptable.
La desinformación actúa como combustible de todo este proceso. El informe identifica casos, detectados a finales de 2025 mediante seguimiento de redes sociales, en los que extremistas portugueses ofrecían incentivos económicos para la violencia contra brasileños. La retórica xenófoba, normalizada progresivamente, había dado paso a llamamientos explícitos a la violencia remunerada. La distancia entre el discurso y la acción se había acortado de forma alarmante.
El informe concluye con una recomendación prioritaria: la creación de un sistema de supervisión independiente para reforzar la rendición de cuentas de las fuerzas de seguridad en casos de presunto racismo institucional o uso ilegal de la fuerza. Es una propuesta técnica, medible y necesaria. Su ausencia, a estas alturas, es difícil de justificar.
Portugal no ha perdido su espacio cívico. Pero lo está descuidando. Y los informes que lo documentan con rigor merecen algo más que una lectura cortés: merecen una respuesta institucional a la altura de los hechos que describen.