El Supremo decide hoy sobre Ábalos, Koldo y Aldama en el caso Mascarillas
El Tribunal Supremo celebró este lunes la deliberación de la sentencia del caso Mascarillas, el proceso judicial que ha llevado al banquillo al ex ministro de Transportes José Luis Ábalos, a su ex asesor Koldo García y al comisionista Víctor de Aldama. El fallo, que se conocerá previsiblemente este martes, será unánime y las condenas quedarán muy por debajo de las penas solicitadas por la Fiscalía Anticorrupción.
Procedimiento habitual: primero el fallo, después la sentencia completa
Conforme a la práctica habitual del Alto Tribunal en causas de gran relevancia pública, el Supremo anunciará primero la parte dispositiva de la resolución —el fallo y las penas— y publicará el texto íntegro de la sentencia en un plazo posterior, que puede oscilar entre horas, días o semanas.
El presidente de la Sala de lo Penal, Andrés Martínez Arrieta, ha trabajado para alcanzar un consenso entre los siete magistrados del tribunal que evite votos particulares. La posición de la magistrada Susana Polo ha sido objeto de especial atención durante las deliberaciones.
Las penas que baraja el tribunal, muy alejadas de las de la Fiscalía
Según las informaciones disponibles, las condenas que el Supremo sopesa son notablemente inferiores a las reclamadas por la acusación pública. El contraste es significativo en los tres casos:
En el caso de Aldama, el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, destacó expresamente en su informe final la colaboración del comisionista confeso con las autoridades.
La Fiscalía Anticorrupción mantuvo sus peticiones sin modificación
La Fiscalía Anticorrupción no modificó sus pretensiones punitivas una vez concluidas las declaraciones de los tres acusados. Veinticuatro años para Ábalos, diecinueve y medio para Koldo García Izaguirre y siete para Aldama: esas fueron las penas que el Ministerio Público elevó a definitivas ante el Alto Tribunal.
El presidente de la Sala había fijado como objetivo alcanzar un fallo sin votos particulares, con el propósito de reforzar la autoridad de la resolución y evitar fisuras que pudieran ser aprovechadas en futuros recursos.